El sistema de salud pública es el conjunto de actuaciones del Estado, destinadas a promover, conservar y mejorar la salud de la población así como el control y la erradicación de las enfermedades.
Si bien el Estado es el principal actor institucional de la salud pública, ésta se concibe como el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de las instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones, por medio de acciones colectivas que debe incluir tanto al sector público como al privado.
En Venezuela, las políticas públicas en materia de salud vienen enmarcadas en la Constitución de la República. Así se estableció en la de 1961 y en la de 1999.
En esta última se consagra la salud pública como un derecho social fundamental, tal y como se menciona en los artículos 83, 84 y 85.
Se establece que el Estado gestionará y financiará un sistema público nacional de salud, el cual será gratuito y descentralizado. Asimismo, supervisará y regulará las instituciones públicas y privadas.
La Atención Primaria de Salud (APS) no puede entenderse exclusivamente como un servicio de salud, menos aún como simple atención médica, debe dirigirse por igual a todos los ciudadanos con enfoque familiar y participación social, con base a los principios de cobertura universal y prestación según necesidades; en la integración y articulación de los servicios de promoción, prevención, curación y rehabilitación; para el ofrecimiento de programas en salud eficientes.
La Declaración de Alma Ata, adoptada en 1978 por 134 naciones y 67 organizaciones, define la salud como un derecho humano inalienable y en aras de proporcionar el abono para otros compromisos de carácter global.
El objetivo es alcanzar la salud para todos, a través de la APS como estrategia y como nivel de atención, sin que estas acepciones sean fuente de percepciones divergentes y debates; sin embargo, la realidad apunta a la divergencia.
En Venezuela, la práctica socio sanitaria en APS que se aplica, se centra en la justicia social, dirigida desde 1936 a la disminución de la mortalidad infantil, de las enfermedades infecto contagiosas por medio del diseño e implementación de programas sanitarios desde el nivel central de la atención en salud.
Desde entonces en Venezuela, los servicios sanitarios del país se han hecho deficientes, particularmente para los más necesitados, como producto de la creciente desigualdad económica entre sectores de la población, la preponderancia de la atención curativa sobre la preventiva, el Estado venezolano ha realizado propuestas para revertir la situación, una de ellas la denominada Misión Barrio Adentro, con reconocido éxito en la solución de parte del problema sanitario del país, pero no así en lograr la salud para todos propuesta en la Declaración de Alma Ata, sin embargo, y a favor del Estado venezolano se cumple parcialmente con la declaración, específicamente con la formulación de políticas y planes para establecer la APS en su sistema nacional de salud.
La realidad que viven los venezolanos en las instituciones públicas de salud desfavorable, son innumerables los problemas por los que atraviesan los centros de salud pública.
Falta de insumos básicos, infraestructura y equipamiento deficientes, personal médico y asistencial mal pagado y desmotivado, presupuesto insuficiente y fuga de talentos, son algunos de los problemas por lo que atraviesa el sistema público de salud, luego de los inmensos recursos recibidos por Venezuela por concepto de renta petrolera desde el año 2004, resulta contradictorio que el Estado no haya sido capaz de resolver los problemas básicos de salud de los venezolanos.
Pese a los esfuerzos hechos por las autoridades sanitarias de Venezuela no se logra una efectiva APS, a pesar de la disposición política, traducida incluso en cambios hechos en la estructura sanitaria, debido, esto se cree firmemente, a que la escasa participación comunitaria afecta negativamente la APS.
Por lo tanto, es necesario identificar las causas que ocasionan el deterioro del sistema, y establecer las medidas y correctivos, que sirva como herramienta para mejorar la calidad de vida de los venezolanos.
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