En Venezuela, dentro del derecho probatorio existen diversas pruebas que el demandante-accionante puede alegar ante un tribunal de instancia, promoviéndolas al momento de interponer una demanda cuando el objeto recae sobre el incumplimiento de contrato con opción a compraventa.
Esto es desde el punto de vista civil, por lo que lo más importante es el pago previsto en el artículo 1.283 del Código Civil, y que es demostrable de la siguiente forma: recibo de pago, correo electrónico, transacción financiera, fijación fotográfica de un celular, WhatsApp o, en un su defecto, una oferta real de pago.
La querella por el contrato
Ahora bien, en materia penal, el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal prevé -en su numeral 4, literal “c”- que una querella, acusación privada o denuncia no reviste carácter penal, sino civil.
Para estos casos, en los despachos fiscales dentro del procedimiento ordinario en la fase investigativa en medio de la investigación, existe un documento civil con opción a compraventa preliminar y no definitiva; ya que la víctima denunció por el delito de tipo penal de invasión en contra del vendedor, previsto y sancionado en el artículo 471 literal “a” del Código Penal, alegando que pagó el precio de la venta y el vendedor señala que no pagó la venta completa.
Ante este escenario antijurídico, el despacho fiscal se ve obligado a solicitar una experticia contable para verificar la veracidad del documento, y sobre el pago.
La finalidad de la experticia
La experticia se hace con el único objetivo de descartar que el denunciante sea el propietario o que, en tal caso, realizó el pago total al vendedor, puesto que en el Registro aparece como propietario el vendedor.
Sin embargo, se han dado casos donde el comprador no puede protocolizar la venta del inmueble por carecer de recursos económicos para pagar el impuesto ante el Registro Civil.
Este medio probatorio es uno de los más solicitados por los despachos fiscales hoy en día, sobre todo cuando estamos en presencia de delitos contra la propiedad.
También, para aquellos casos que tengan que ver con el Plan Operativo de la Fiscalía General de la República, para la recuperación de los bienes inmuebles en protección de los derechos de adultos mayores.
Es así como la representación fiscal, en eras de esclarecer los hechos cuando exista dentro del expediente un documento civil de opción a compraventa no definitivo, lo que busca es demostrar el pago para verificar quién tiene la razón jurídica: el vendedor o el comprador.
@VestaliaTovarM / Abogada constitucionalista
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