El Departamento de Estado de los Estados Unidos elevó a 300 millones de dólares la asistencia humanitaria destinada a atender la emergencia provocada por el doble terremoto en Venezuela. Esta ampliación de recursos federales coincide con la activación de una red de apoyo logístico en el sur de Florida, región que se ha constituido como el principal eje de recepción y empaque de suministros civiles para las comunidades afectadas.
De acuerdo con el balance oficial de la diplomacia estadounidense, unos 100 millones de dólares del paquete financiero serán administrados por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA). El capital restante se asignará a organizaciones internacionales no gubernamentales que ejecutan labores de socorro en los cuadrantes de desastre en cooperación con operadores locales en el terreno.
Operaciones de acopio en Doral
La organización Global Empowerment Mission (GEM) dispuso de su sede principal en la ciudad de Doral como el centro de recepción definitivo para las donaciones físicas de la comunidad. En las instalaciones de la 1850 NW 84th Avenue (Suite 100), equipos de voluntarios trabajan en la clasificación y paletización de cargamentos que incluyen agua embotellada, alimentos no perecederos, medicinas esenciales y material de higiene.
A la iniciativa se incorporaron establecimientos de la cadena Walmart en el área metropolitana de Miami. Las tiendas colaboran mediante campañas informativas dirigidas a los consumidores para masificar la lista de artículos prioritarios y facilitar el traslado de los insumos hacia el almacén central de GEM, desde donde se coordinan los despachos aéreos y marítimos.
Compromiso institucional de asistencia
La portavoz en español del Departamento de Estado, Natalia Molano, afirmó que las operaciones de asistencia técnica y financiera se mantendrán vigentes de forma indefinida hasta asegurar la estabilización de las zonas críticas. Los recursos gubernamentales no solo cubrirán la fase de contingencia primaria, sino que contemplan partidas específicas para la reconstrucción de infraestructura básica y viviendas en los municipios que registran severos daños estructurales.
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