La advertencia formulada por el Ejecutivo sobre los riesgos que representan las altas temperaturas, la disminución de las lluvias y los recientes daños sísmicos para el Sistema Eléctrico Nacional debe ser tomada con absoluta seriedad. Pero sin desdeñar la memoria histórica para no repetir experiencias nefastas.
Los venezolanos han escuchado explicaciones similares durante más de dos décadas. Desde 2009, cuando comenzó a profundizarse la emergencia eléctrica, la sequía y el fenómeno El Niño fueron señalados como los grandes responsables de una crisis que los expertos atribuyen, principalmente, a falta de mantenimiento, desinversión y una gestión marcada por la improvisación.
Lo preocupante es que en pleno 2026, tras promesas de modernización del país, Venezuela sigue enfrentando apagones, racionamientos y una fragilidad estructural que tuvo su momento más dramático en marzo de 2019, cuando un apagón nacional dejó a millones de ciudadanos sin electricidad durante varios días, paralizando hospitales, sistemas de agua, telecomunicaciones y actividades productivas.
La tragedia resulta aún más difícil de justificar si se considera la magnitud de los recursos comprometidos. Diversas investigaciones y organizaciones han documentado que se destinaron decenas de miles de millones de dólares a proyectos eléctricos que nunca produjeron los resultados prometidos. Transparencia Venezuela señaló que solo entre 2010 y 2016 se desembolsaron más de 29 mil millones de dólares para el sector, mientras numerosas obras quedaron inconclusas o registraron sobrecostos extraordinarios.
En ese recorrido aparecen nombres, empresas y expedientes que no deberían ser olvidados. Las denuncias sobre contratos otorgados sin concursos transparentes, sobreprecios, sobornos y adquisiciones deficientes constituyen una de las páginas más oscuras de la administración pública venezolana. Casos como Derwick Associates y las investigaciones internacionales que involucraron a exfuncionarios y contratistas son recordatorios de lo que ocurre cuando la opacidad sustituye la rendición de cuentas y se transforma en caldo de cultivo para la impunidad, pues a la fecha no hay un solo detenido por la malversación de recursos; apostamos a que en esta administración se tomen las medidas respectivas para que sean castigados e inhabilitados para ser proveedores de la nación.
Por todo eso, cualquier plan de recuperación debe comenzar por una premisa elemental: absoluta transparencia. El país necesita inversiones, sí. Pero también auditorías independientes, supervisión técnica, licitaciones competitivas y profesionales capacitados al frente de un sector estratégico para el desarrollo nacional.
Este Gobierno (e) no puede permitirse el lujo de repetir los errores que condujeron a esta situación. La crisis eléctrica dejó de ser un problema técnico hace años para convertirse en un asunto de calidad de vida, productividad y confianza pública.
La hora de los diagnósticos ya pasó. Lo que el país exige es una solución definitiva, eficiente y transparente. Después de tantos recursos perdidos y tantas promesas incumplidas, la oscuridad ya no admite excusas.
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