Estos objetos, utilizados para reservar espacios de forma exclusiva para "clientes" o para el cobro de propinas por parte de terceros, carecen de validez legal y vulneran el derecho constitucional a la movilidad en bienes de dominio público.
Hay locales y establecimientos que utilizan conos naranjas y pendones para exigir a carros y motos no estacionarse en el frente.
Lo que muchos no saben es que la Ley de Transporte Terrestre establece que las vías de comunicación son bienes del dominio público, lo que impide que cualquier particular o empresa privada se apropie de la calzada para fines de lucro personal.
Esto solamente es permitido para las entidades bancarias del estado.
¿Quién tiene el poder de prohibir, el comerciante o la ley?
El artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza la libertad de tránsito, mientras que la normativa de transporte especifica que ningún objeto puede impedir la circulación fluida.
Es fundamental aclarar que los únicos entes con potestad para restringir el estacionamiento o la circulación son las alcaldías y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).
La ley protege el acceso a la propiedad privada (entradas de vehículos), pero no otorga propiedad sobre la franja de asfalto que bordea la acera.
Un dueño de casa o de un local comercial no tiene permiso legal para prohibir que alguien se estacione frente a su fachada, siempre y cuando no se esté obstruyendo un garaje debidamente señalizado o una rampa para personas con discapacidad.
En el caso de las zonas residenciales, la normativa es igual de estricta. El frente de una vivienda es espacio público aunque el vecino tenga derecho preferencial de acceso.
Solamente si existe una señalización por parte de los entes como una zona de carga y descarga, es que el uso del espacio queda restringido.
De hecho este tipo de camiones tienen un tiempo estimado en hacer este tipo de trabajos, generalmente nocturnos o de madrugada que no hay tantas personas en las calles.
Cabe destacar que si usan este permiso fuera de horario, se considera una infracción con multas que superan los $ 150.
El clamón de los ciudadanos
En una consulta popular realizada, los encuestados coinciden en que ni los negocios ni los conductores deben estacionarse en las aceras.
Denuncian que esta acción les arrebata el único espacio seguro para transitar, obligándolos a bajar a la calzada y exponerse a ser atropellados por otros vehículos.
"La ley debe aplicarse tanto para los dueños de los locales como para los motorizados que utilizan la acera como estacionamiento personal", comenta una ciudadana.
Los adultos mayores, adolescentes y niños son los más afectados por esta obstrucción vial, ya que un solo obstáculo en la acera o un carro mal estacionado puede bloquearles el paso por completo.
Así como se puede denunciar a las personas por inflingir las normas de no llevar a menores de 10 años en motos, también se puede denunciar cuando los vehículos bloquean las aceras.
Este tipo de situaciones ocurren diariamente en las calles de Catia o en mercados mayoristas de la capital.
"Estaría de acuerdo si se les impone sanciones en el segundo llamado de atención a los motorizados que se quieren apoderar de las calles", explica un ciudadano.
La calle pertenece a todos, y recuperar ese principio es la única forma de garantizar una ciudad funcional y segura para sus habitantes.
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