El Tribunal Federal del Distrito Norte de California otorgó una medida cautelar crucial que paraliza la exigencia económica del gobierno de Estados Unidos contra las empresas contratantes de profesionales extranjeros. El juez Haywood S. Gilliam Jr. determinó que las agencias migratorias aplicaron la tarifa de 100.000 dólares para las visas H-1B sin el cumplimiento estricto de los procedimientos legales que exige la normativa federal, según lo dio a conocer Listín Diario.
¿A quiénes beneficia la medida?
La resolución judicial beneficia de forma inmediata a cientos de corporaciones, organizaciones educativas, instituciones de salud y entidades religiosas que acudieron a las cortes para impugnar la medida. El fallo invalida la actuación del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), instituciones que impusieron la exigencia económica tras la proclamación firmada por el presidente Donald Trump en septiembre de 2025.
Argumento de la decisión
En su argumento central, el magistrado Gilliam Jr. destacó que las autoridades administrativas omitieron la consulta pública. La legislación estadounidense exige la notificación previa y la recepción de comentarios de la ciudadanía antes de implementar cambios drásticos en los cobros de trámites estatales, un requisito obligatorio según la Ley de Procedimiento Administrativo. Debido a esta omisión procesal, las agencias deberán suspender el cobro y devolver los expedientes al estado anterior hasta que cumplan los lapsos legales, según lo detalló Listín Diario.
Visa H-1B
La visa H-1B representa el principal mecanismo legal para la entrada de trabajadores altamente calificados a Estados Unidos. Sectores estratégicos como la tecnología, la ingeniería, la ciencia y la medicina recurren a este documento para suplir la escasez de personal especializado en el mercado laboral interno. La tasa de 100.000 dólares, diseñada por la administración gubernamental para desincentivar la contratación internacional, generó rechazo unánime en el sector empresarial por representar una carga prohibitiva para las pequeñas y medianas empresas.
La disputa continúa
Este dictamen judicial se suma a un dictamen previo emitido por otro tribunal federal del país, lo cual refuerza la postura de los jueces sobre las irregularidades de la medida. Aunque la representación legal del gobierno defendió el cobro con el argumento de las amplias facultades presidenciales en materia de inmigración, el tribunal aclaró que el Poder Ejecutivo no posee la potestad de reescribir de manera unilateral la estructura de costos que fija el Congreso. La disputa continuará en las cortes mientras las partes preparan sus argumentos finales sobre el fondo del asunto, según lo reseñó Listín Diario.
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