Un paquete de medidas de contingencia orientadas a modificar los esquemas de cobranza y agilizar los trámites ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) fue presentado por la Comisión de Registros y Notarías del Colegio de Abogados de Caracas.
La iniciativa plantea cambios operativos de aplicación inmediata para corregir la burocracia en las gestiones inmobiliarias y mercantiles, acompañados de una propuesta de reforma integral a la Ley de Registros y Notarías vigente, refiere una NDP.
Transformación en los mecanismos de pago y cálculo de tasas
Entre los aspectos centrales del documento destaca la propuesta de desvincular el cálculo de la Planilla Única Bancaria (PUB) de la unidad Petro, así como la habilitación de un sistema de autocálculo transparente en la plataforma web oficial para que los usuarios conozcan con exactitud los montos requeridos antes de procesar sus documentos.
Asimismo, el gremio plantea modernizar los canales de cobranza admitiendo transferencias bancarias, criptomonedas y otros mecanismos de pago electrónico, en sustitución del uso obligatorio de cheques bancarios que genera retrasos en la autenticación de trámites.
Nuevas reglas de revisión y delimitación funcional
El proyecto establece la necesidad de limitar la actuación de los revisores en las oficinas registrales y notariales únicamente a los requisitos de forma, impidiendo que emitan opiniones sobre el fondo de los acuerdos establecidos entre las partes.
De igual forma, la propuesta sugiere adoptar la Cédula Catastral como base única para la estimación de las tasas, eliminar la potestad discrecional para rechazar la constitución de empresas por presunto capital insuficiente y fijar lapsos legales estrictos que prevengan dilaciones en la entrega de documentos.
Reformas estructurales al sistema registral
En materia legislativa, la propuesta contempla la separación funcional de competencias entre notarías públicas, registros inmobiliarios y registros mercantiles, junto con la exigencia de criterios de idoneidad ética y académica para la designación de registradores y notarios.
Adicionalmente, se plantea restablecer la fianza profesional obligatoria para garantizar la responsabilidad patrimonial de los funcionarios, la creación del Instituto de Estudios Registrales para la formación interna del personal y la incorporación de la materia de Derecho Registral y Notarial en las escuelas de Derecho del país.
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