El Ministerio del Interior de Ecuador informó este lunes la aprehensión de 491 personas durante las dos primeras noches del toque de queda implementado en cinco provincias de la región costera. La restricción de movilidad rige entre las 12:00 am y las 5:00 am, hora local, y se mantendrá activa en el territorio hasta el próximo 10 de noviembre.
Del balance global de aprehendidos, el Ministerio del Interior contabilizó 408 arrestos. En ese grupo, 282 personas fueron penalizadas por transgredir la restricción de libre tránsito nocturno, mientras que otras 126 resultaron detenidas por la presunta comisión de ilícitos como tenencia y porte de armas, robo a personas, intimidación y daños materiales.
Por su parte, las Fuerzas Armadas reportaron 83 detenciones derivadas de 188 despliegues militares efectuados en las madrugadas del domingo y el lunes.
En el transcurso de las intervenciones, las autoridades del Ministerio del Interior incautaron 13 armas de fuego, 51 municiones y 95,9 kilogramos de sustancias estupefacientes. En los mismos procedimientos se logró la retención y recuperación de 107 automóviles y 127 motocicletas. El Ministerio de Defensa añadió a los decomisos tres armas de fuego, 32 cartuchos adicionales y la inmovilización de 12 motocicletas.
Provincias alcanzadas y contexto del decreto
La medida de excepción abarca las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, siendo el cuarto toque de queda dictado en la nación andina en el transcurso del año, dentro de la franja horaria que comprende de 05:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
La culminación de la restricción está pautada dos semanas antes del desarrollo de los comicios locales fijados para el domingo 29 de noviembre, fecha en la que la población elegirá a sus autoridades municipales y prefectos departamentales.
La zona costera ecuatoriana registra los índices más elevados de violencia vinculada con el crimen organizado. Bajo este escenario, el presidente Daniel Noboa mantiene la declaratoria de "conflicto armado interno" emitida desde enero de 2024, estatus legal mediante el cual el Estado clasifica a las estructuras criminales como organizaciones terroristas.
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