Una corte federal de Estados Unidos (EEUU) procesó la declaración de culpabilidad de nueve venezolanos implicados en una sofisticada red de trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico ilícito de inmigrantes y blanqueo de capitales que operaba en múltiples moteles de la ciudad de Nashville, Tennessee.
De acuerdo con los documentos judiciales del caso, los acusados orquestaron una red delictiva transnacional dirigida específicamente contra mujeres vulnerables en Venezuela, a quienes captaban bajo falsas promesas de empleo para facilitar su ingreso ilegal a territorio estadounidense.
El "modus operandi": Deudas falsas y amenazas de muerte
Una vez que las víctimas eran trasladadas a la ciudad de Nashville, los implicados les imponían una supuesta deuda exorbitante por los costos de su traslado, obligándolas a ejercer la prostitución en moteles de la zona para poder saldarla.
Para asegurar el control absoluto sobre las víctimas, los delincuentes utilizaban métodos extremos de coacción: Se emplearon de manera recurrente armas de fuego para amedrentar a las mujeres; aquellas que intentaban resistirse eran amenazadas con sufrir daños físicos directos, extendiendo las advertencias de muerte hacia sus familiares residentes en Venezuela.
Además, los acusados hicieron creer a las víctimas que uno de los líderes estaba afiliado a una peligrosa banda carcelaria venezolana y comentaban de forma abierta sus antecedentes por homicidio en el país.
¿Quiénes son los acusados y cómo operaban?
La organización delictiva contaba con una estructura familiar y de estrecha confianza para coordinar la logística.
La dirección y gestión de la red estaba a cargo de Yilibeth Carmen Rivero-de Caldera (conocida como "Rivero") y su hijo, Kleiver Daniel Mota Rivero ("Mota"), quienes reclutaron a otros hijos adultos, nueras, yernos y allegados para distribuir las funciones:
Wilmarys Del Valle Manzano Solorzano, Endrik Alexander Morales-Rivero, Ariannys Beatriz Gutiérrez-Carrillo, Frankyanna Del Valle Romero-Rivero, Jesús Enrique Castillo Rodríguez y Yuribetzi Del Valle Gómez Machuca, se encargaban de la logistica y adminstración, según revelaron los reportes oficiales.
Este grupo publicaba anuncios de servicios sexuales comerciales en internet, agendaban las citas con los clientes y recolectaban las ganancias de los encuentros para financiar la red y cobrar las deudas migratorias.
Penas de hasta cadena perpetua
Las declaraciones de culpabilidad emitidas por los imputados abarcan distintos niveles de responsabilidad.
Por lo que Rivero, Mota, Romero, Morales, Castillo, Gutiérrez, Gómez y Velásquez enfrentan esta pena máxima tras admitir su culpabilidad en cargos de conspiración para la trata sexual, lavado de dinero y tráfico de extranjeros con fines de lucro.
Mientras que Wilmarys Del Valle Manzano Solorzano, por su implicación en delitos de conspiración para el traslado ilegal de extranjeros y lavado de dinero, una pena de hasta 20 años de cárcel.
La lectura de la sentencia definitiva para los nueve implicados quedó fijada para la semana del 16 de noviembre, cuando un juez de distrito federal evalúe las directrices de sentencia correspondientes.
El desmantelamiento de esta estructura se logró gracias a la acción conjunta de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el FBI de Nashville, el IRS, la Oficina de Investigación de Tennessee (TBI) y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).
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