La ONG venezolana Una Ventana a la Libertad denunció este viernes que ocho funcionarios policiales detenidos en un calabozo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) llevan más de un año a la espera del procedimiento judicial.
El retraso se produjo, según la organización, por una petición de avocamiento. Es decir, una solicitud para que el proceso pasase de los tribunales locales, en Boconó, estado Trujillo a una institución jurídica superior.
Tras esta petición de avocamiento, realizada por el entonces alcalde de la localidad, Luis Hidalgo, fallecido poco después, y el síndico procurador municipal, Luis Méndez, el expediente pasó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.
Los familiares de los detenidos recordaron, que Yorman M., Carlos G., Franklin A., Adrián M., Omar G., Jean H., Raisy H. y Katherine Q. llevan un año y cuatro meses "tras las rejas, luego de que los presentaran en la primera audiencia, en la cual se daban 45 días para esclarecer el hecho".
La nota indicó que los reos no se beneficiaron del plan de la "revolución judicial", que implementó el Gobierno venezolano a mediados de junio para reducir el hacinamiento en calabozos policiales. Al no estar el expediente en los tribunales locales, sino en Caracas, a donde han pasado las competencias.
UNO DE LOS DETENIDOS CON PROBLEMAS DE SAUD
Según Una Ventana a la Libertad, los familiares explicaron que uno de los detenidos tiene problemas de salud. Pues cuando entró a prisión sufrió un accidente cerebrovascular, lo que lo mantiene en silla de ruedas.
Sin embargo, aclaró que los funcionarios policiales le permiten ir al médico, obtener los medicamentos y las reuniones con su defensa.
"No obstante, solicitan que el proceso se agilice y puedan excarcelarlos. Argumentan que ellos son la principal fuente de ingreso de sus hogares y el delito del cual se les acusa debe revisarse a profundidad", añadió la ONG.
Los agentes alegan están acusados "injustamente" de irregularidades durante el cumplimiento de la cuarentena radical en los comercios, aunque la nota no ofrece más detalles.
La organización sostuvo que el 20 de agosto, el TSJ declaró inadmisible el avocamiento. Los familiares solicitaron que el expediente se devuelva al estado Trujillo, para que se pueda acelerar el juicio.
EFE
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