La Fiscalía de Perú solicitó condenar con 35 años de prisión a dos ciudadanos venezolanos por el asesinato y descuartizamiento de Jafet Caleb Torrico y Rubén Matamoros Delgado.
Los acusados responden a los nombres de Alberto Perozo Borja, alias ‘Guasón’ y Angelbert Alejandro Díaz Colina alias ‘Alejandro Tarra’.
El homicidio se registró durante el año 2019, en el hostal ‘Señor de Sipán’ del distrito de San Martín de Porres.
El fiscal Luis Chauca, quien acusó a estos dos hombres por los presuntos delitos de homicidio calificado y banda criminal, solicitó la medida.
Además pidió que paguen la suma de 60 mil soles (unos 15.900 dólares) por concepto de reparación civil a favor de los deudos de las víctimas.
El representante el Ministerio Público también solicitó que los venezolanos sean expulsados del país tras cumplir la condena que la justicia les imponga.
El fiscal formalizó la acusación penal contra Perozo y Díaz ante el Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Lima Norte el 21 de abril.
Para esa fecha inició el juicio oral contra los ciudadanos venezolanos. Ambos cumplen el mandato de prisión preventiva en el establecimiento penitenciario Ancón I.
Luego de instalar el juicio oral, el colegiado declaró reo contumaz a Jhonatan Jesús Donayre Semprún, quien se encuentra con orden de captura en Perú.
Mientras, el imputado Freddy Xavier Sulbaran, alias ‘Machelo’ se encuentra en proceso de extradición desde Colombia.
Durante el inicio del juicio, los familiares de Jafet Caleb Torrico se constituyeron como actor civil y solicitaron ante el tribunal la suma de 2 millones 140 mil soles por concepto de reparación civil.
El crimen
El lunes 9 de setiembre de 2019 se hallaron los restos descuartizados de Jafet Caleb Torrico y Rubén Matamoros Delgado en diferentes puntos de Lima, San Martín de Porres y el Rímac.
Los mismos estaban envueltos en sábanas del hostal Señor de Sipán, en San Martín de Porres.
Perozo y Díaz fueron capturados una semana después del crimen en la ciudad de Tumbes y el distrito limeño de San Martín de Porres, respectivamente.
El primero confesó su participación en el doble homicidio y explicó a la Policía que el crimen se habría dado por una deuda por venta de drogas.
Dos semanas después del hallazgo, la Policía Nacional del Perú confirmó la desarticulación de una organización criminal dedicada a la venta de drogas y la prostitución en la que participaban al menos 12 ciudadanos de nacionalidad venezolana.
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