Un prolongado proceso judicial que duró siete años y sumó un total de 44 audiencias llegó a su conclusión en el estado Anzoátegui. El Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal dictó una firme sentencia condenatoria contra dos exfuncionarios de administraciones municipales y una empresaria del sector construcción. El grupo planificó y ejecutó un millonario fraude económico que prometió la edificación de un inexistente hotel de lujo en la zona norte de la entidad oriental.
Detalles del caso
Las investigaciones del Ministerio Público develaron una trama de engaños, simulación de gestiones institucionales y alteración de permisos oficiales. Como líder del esquema figuró Jorge Roberto Sánchez Yáñez, quien ejerció como presidente del Instituto Municipal de Vivienda de Sotillo (Imvis) y asumió la dirección de Catastro en la misma alcaldía. Junto con él actuó su socio Néstor Enrique Wetter Meneses, exdirector de Catastro de la Alcaldía de Lechería. Ambos utilizaron sus cargos, influencias y conocimientos sobre la gestión del suelo para forjar expedientes y presentar proyectos totalmente ficticios ante los inversionistas afectados, según lo informó El Tiempo.
Condena y sentencia
El juez a cargo de la causa impuso una condena de 10 años y cuatro meses de prisión contra Sánchez Yáñez y Wetter Meneses. El órgano jurisdiccional los halló culpables de la comisión continuada de los delitos de estafa agravada, uso de documento público falso y agavillamiento. Durante el debate oral y público, las pruebas demostraron que los exfuncionarios elaboraron planos irreales, entregaron certificaciones fraudulentas y aplicaron sellos oficiales en documentación carente de validez jurídica para sustentar la supuesta obra turística.
Diferentes participaciones
De igual manera, el dictamen judicial alcanzó a Sandra Yamilex Beomont Gil, propietaria de la concretera Tecnomix. El tribunal dictó contra ella una pena de 5 años y 10 meses de prisión al comprobar su responsabilidad en los delitos de estafa agravada continuada y agavillamiento. La investigación determinó que la empresaria facilitó la estructura corporativa de su firma mercantil para canalizar cobros, emitir facturaciones asociadas a los materiales de la supuesta construcción e integrar la red de engaño que perjudicó el patrimonio de las víctimas, según lo detalló El Tiempo.
El caso requirió la revisión previa de diversas instancias procesales e incluso llegó hasta la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante los años de litigio. La ratificación del expediente permitió la admisión total de las pruebas presentadas por la fiscalía de la causa y la querella privada. Con la emisión de esta sentencia definitiva en el Palacio de Justicia de Barcelona, las autoridades judiciales imponen una sanción directa contra el fraude inmobiliario, la falsificación de instrumentos públicos y el abuso de poder desde la función municipal en el estado Anzoátegui.
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