La administración de Donald Trump prepara una nueva política de cuidado infantil que podría permitir a determinadas familias casadas recibir hasta $9.000 anuales por niño cuando uno de los padres permanezca en casa para cuidar a sus hijos.
La propuesta, impulsada por el vicepresidente JD Vance, todavía está en desarrollo y no constituye un beneficio aprobado ni un pago federal universal.
El dinero saldría de un programa federal
La iniciativa buscaría utilizar recursos del Child Care and Development Fund (CCDF), administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
El programa nació en la década de 1990 para ayudar principalmente a familias de bajos ingresos a cubrir el cuidado infantil mientras los padres trabajan o estudian.
El HHS ya ha emitido nuevas orientaciones para ampliar las opciones que los estados pueden ofrecer a los beneficiarios del CCDF. En mayo de 2026, el departamento destacó la flexibilidad federal existente para que los padres puedan seleccionar proveedores y servicios de cuidado.
Según personas familiarizadas con las conversaciones citadas por The New York Times, el proyecto podría permitir que matrimonios con uno de los padres dedicado al hogar accedan al subsidio dentro de determinados límites de ingresos.
El monto de referencia ronda los $9.000 por niño al año, aunque la cifra y los requisitos podrían cambiar.
JD Vance quiere ampliar las opciones de las familias
Vance ha defendido durante años que las políticas públicas reconozcan también a las madres, padres y familiares que cuidan directamente a los niños.
La propuesta responde precisamente a esa visión: que una familia no tenga que utilizar una guardería comercial para recibir apoyo destinado al cuidado infantil.
El cambio podría beneficiar especialmente a hogares de menores ingresos que consideran que el salario adicional de uno de los padres no compensa el costo de una guardería a tiempo completo.
El debate: ¿Quién recibiría los subsidios?
La posible ampliación también genera interrogantes sobre la distribución de recursos. Cerca del 80% de las aproximadamente 870.000 familias que actualmente reciben estos subsidios tienen padres solteros que trabajan, principalmente madres, según datos citados por The New York Times.
Los críticos advierten que redirigir fondos hacia padres que permanecen en casa podría reducir recursos disponibles para familias trabajadoras y proveedores de cuidado infantil. La administración, en cambio, plantea el cambio como una ampliación de la libertad de elección familiar.
La regulación definitiva deberá establecer quiénes califican, cuánto recibirían y cómo los estados aplicarían el nuevo esquema.
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