Batalla en el Supremo: 23 estados se unen para defender el derecho a la nacionalidad de hijos de inmigrantes

Argumentan que la orden ejecutiva no solo es inconstitucional, sino que provocaría un caos social y administrativo

Viernes, 27 de febrero de 2026 a las 09:17 am

La histórica garantía de que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es, de forma automática, ciudadana de este país, sigue enfrentando su prueba más crítica en décadas.

Debido a las intenciones de la Administración de Donald Trump, una poderosa coalición de 23 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco presentó un recurso legal (amicus brief) ante el Tribunal Supremo para frenar el intento del Presidente de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

El origen del conflicto: una orden desde el "Día 1"

Al asumir su mandato en enero de 2025, el presidente Trump cumplió una de sus promesas de campaña más polémicas: firmar una orden ejecutiva destinada a negar la ciudadanía a los hijos de padres indocumentados o con visados temporales nacidos en territorio estadounidense.

Aunque la medida fue bloqueada de inmediato por tribunales inferiores gracias a diversas demandas, el caso ha escalado hasta la máxima instancia judicial del país.

Tras la apelación del Gobierno, el Tribunal Supremo aceptó el año pasado revisar el alcance de la Enmienda 14 de la Constitución, un pilar jurídico vigente desde el siglo XIX (1868).

Lo que debe saber: una Orden Ejecutiva (del Presidente) tiene menos peso que la Constitución. Para cambiar la Enmienda 14, se necesitaría el voto de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, algo extremadamente difícil políticamente.

 

"La Enmienda 14 no es negociable"

La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, quien lidera el bloque de estados demandantes, ha sido tajante en su postura:

“La Decimocuarta Enmienda es clarísima: si naces en Estados Unidos, eres ciudadano estadounidense. El presidente no tiene el poder de cambiar eso de un plumazo”.

Los estados que apoyan esta demanda, incluyendo gigantes como California, Nueva York, Illinois y Florida, argumentan que la orden ejecutiva no solo es inconstitucional, sino que provocaría un caos social y administrativo:

  • Apatridia: muchos bebés quedarían "sin patria", al no ser reconocidos por EEUU ni necesariamente por los países de origen de sus padres.
  • Inseguridad jurídica: miles de niños crecerían bajo la amenaza constante de deportación en el país donde nacieron.
  • Impacto demográfico: Según datos del Migration Policy Institute, aproximadamente 255.000 bebés al año podrían verse afectados por esta restricción.

Aun así, se recomienda a los padres en situación vulnerable mantener los registros de nacimiento (certificados de hospital y actas del condado) en un lugar seguro y digitalizado.

Al menos por ahora, mientras el caso esté en el Supremo, nadie puede retirarles el pasaporte estadounidense o acta de nacimiento a sus hijos.

El argumento de la Casa Blanca

Por su parte, la administración Trump sostiene que la Enmienda 14 fue redactada originalmente para proteger a los hijos de antiguos esclavos tras la Guerra Civil y que no debería aplicarse a quienes se encuentran en el país de forma irregular.

El presidente ha calificado la práctica actual como un "imán" para la inmigración indocumentada y el llamado "turismo de nacimiento".

¿Qué sigue ahora?

A día de hoy, 27 de febrero de 2026, la comunidad inmigrante permanece a la expectativa.

El Tribunal Supremo escuchará los argumentos orales en los próximos meses.

Ahora, mientras no haya un fallo definitivo de la Corte, la ciudadanía por nacimiento sigue siendo un derecho vigente y protegido por la ley actual.

Los expertos legales sugieren que cualquier cambio en este derecho requeriría, en teoría, una reforma constitucional y no simplemente una orden ejecutiva.



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