Una nueva ley de California permite que las personas demanden a funcionarios federales cuando aleguen violaciones de sus derechos constitucionales.
La medida, SB 747, conocida como No Kings Act, fue firmada por el gobernador Gavin Newsom el 29 de septiembre y entró en vigor de inmediato como una ley de urgencia.
El cambio llega en medio de un mayor escrutinio sobre las actuaciones de agentes federales de inmigración y otros funcionarios en el estado.
La norma crea una vía de acción civil bajo la legislación de California para reclamar por determinadas violaciones de la Constitución de Estados Unidos.
El caso de Javier Ramírez llegó al Congreso
Uno de los casos que acompañó el debate sobre la legislación es el de Javier Ramírez, un ciudadano estadounidense de 33 años de Montebello.
Según relató a Univision, el 12 de junio de 2025 varios agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ingresaron a su negocio y lo detuvieron.
Ramírez denunció que los agentes utilizaron fuerza física, incluida presión sobre su cuello y espalda, y afirmó que permaneció detenido durante cinco días en Los Ángeles.
También aseguró que informó a los funcionarios que tenía diabetes, pero que no recibió atención médica, una llamada telefónica ni una orden de detención durante ese periodo.
Después de recuperar su libertad, Ramírez llevó su caso al Congreso y participó en los esfuerzos para impulsar la nueva legislación.
¿Qué cambia con la SB 747?
La norma añade una causa de acción civil para personas que sufran una violación de derechos protegidos por la Constitución federal a manos de funcionarios que actúen bajo autoridad gubernamental.
También contempla honorarios legales y permite que los demandados invoquen defensas e inmunidades, incluida la inmunidad calificada, en los mismos términos previstos para acciones federales comparables.
La ley tiene además efecto retroactivo al 1 de marzo de 2025 y establece, como regla general, un plazo de dos años para presentar este tipo de demandas.
El abogado Luis Carrillo ya había presentado una demanda relacionada con Ramírez y, según Univision, archivó una nueva presentación el mismo día que Newsom firmó la ley para incorporar el nuevo mecanismo legal.
La legislación no significa que cualquier interacción con un agente federal genere automáticamente una demanda válida. El reclamante deberá demostrar una violación constitucional y superar las defensas que contempla la propia norma.
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