California cobrará un impuesto anual de 25% sobre los ingresos de los operadores privados de centros de detención a partir del 1 de julio de 2028, luego de que el gobernador Gavin Newsom firmara la AB 1633 el 29 de septiembre.
La medida forma parte de un paquete de leyes estatales dirigido a aumentar la supervisión de instalaciones de detención y respaldar servicios relacionados con inmigración.
La norma establece que el gravamen se calculará sobre los ingresos brutos del año fiscal anterior de los operadores privados.
La recaudación estará bajo responsabilidad del Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de California y los recursos se depositarán en el Due Process for All Fund, aunque su utilización dependerá de las asignaciones que posteriormente apruebe la Legislatura.
¿A qué empresas afectará el nuevo impuesto?
La AB 1633 apunta a compañías privadas que administran centros de detención ubicados en California, incluidos establecimientos utilizados mediante contratos con el gobierno federal.
Entre los principales operadores presentes en este sector se encuentran GEO Group y CoreCivic, según información citada por medios estadounidenses.
La medida no cambia por sí misma el estatus migratorio de las personas detenidas ni ordena la liberación de inmigrantes. Su efecto directo recae sobre las empresas que reciben ingresos por operar estas instalaciones.
La diferencia entre la fecha de aprobación y la aplicación del impuesto resulta clave: aunque Newsom ya convirtió la AB 1633 en ley, el cobro del 25% no comenzará hasta julio de 2028.
California prepara más controles sobre los centros de detención
La nueva legislación también llega acompañada de otras medidas relacionadas con las instalaciones de detención. Newsom firmó además la SB 420, que modifica el tratamiento tributario de determinados inmuebles utilizados como centros de detención por entidades con fines de lucro.
La medida forma parte de una estrategia estatal que incluye mayor acceso público a registros y mecanismos de supervisión sobre las instalaciones de detención civil.
Para los defensores de los inmigrantes, el destino de los recursos será uno de los puntos centrales cuando la ley entre plenamente en funcionamiento.
Sin embargo, todavía no existe una cifra oficial sobre cuánto dinero generará el impuesto, ya que la recaudación dependerá de los ingresos de los operadores y de las reglas de aplicación.
Los fondos destinados al Due Process for All Fund tampoco se traducen automáticamente en beneficios para inmigrantes detenidos: la Legislatura deberá aprobar las asignaciones correspondientes para financiar servicios relacionados con inmigración.
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