El pasado 5 de noviembre, durante las elecciones en Estados Unidos, los votantes de California decidieron respaldar la Propuesta 36, que introduce cambios significativos en las leyes penales del estado.
Con un contundente 68.6% a favor, equivalente a 9.813.217 votos, esta normativa busca aumentar las penas por delitos de robo y tráfico de drogas. En contraste, el 31.4% de los votantes, es decir, 4.497.872 personas, se opusieron a esta medida.
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En qué consiste la legislación
De acuerdo con la información, la Propuesta 36 reestructura las sanciones para quienes reinciden en delitos relacionados con estupefacientes y robos. Anteriormente, el hurto de bienes valorados en menos de 950 dólares se consideraba una falta menor.
Sin embargo, con la nueva ley, un tercer delito de esta índole podría ser clasificado como felonía, lo que conlleva penas de hasta tres años de prisión. Además, la normativa estipula que las sentencias por delitos vinculados a la venta o posesión de drogas peligrosas, como el fentanilo, la heroína y la metanfetamina, se cumplirán en prisiones estatales y no en cárceles de condado.
Otra novedad importante es que aquellos declarados culpables de vender o suministrar drogas peligrosas recibirán una advertencia judicial sobre la posibilidad de ser acusados de homicidio si las sustancias causan la muerte de algún consumidor en el futuro.
Oposición a la medida
No obstante, la propuesta ha generado controversia. Los opositores advierten que estas medidas podrían resultar contraproducentes: "Reanudará la fallida guerra contra las drogas", argumentan, señalando que convertir la simple posesión de drogas en un delito grave podría llevar a un aumento en los delitos y a un desvío de recursos cruciales para la prevención y rehabilitación.
Entre los grupos que apoyaron la Propuesta 36 se encuentran grandes corporaciones como Walmart, Target y Home Depot, así como la Asociación de Fiscales de Distrito de California.
Por otro lado, figuras políticas como el gobernador Gavin Newsom y organizaciones como la ACLU del norte de California se manifestaron en contra, advirtiendo sobre las posibles repercusiones negativas que podría acarrear esta legislación.
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