La Propuesta 36, que pretende revertir las reformas de la Propuesta 47, ha encontrado una fuerte oposición por parte de activistas que defienden los derechos de los inmigrantes en California.
Estas reformas de 2014 buscaban reducir las penas por delitos menores relacionados con drogas y robos, y los grupos pro-inmigración temen que su derogación tenga un impacto negativo en sus comunidades.
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Los críticos de la Propuesta 36 advierten que esta medida, al endurecer las penas para reincidentes, podría exacerbar las disparidades raciales en el sistema penal, ya que los inmigrantes y las personas de color son más propensos a ser encarcelados.
Según expertos en inmigración, el aumento de las sanciones penales representa una amenaza creciente para los inmigrantes, ya que los expone a un mayor riesgo de deportación, lo que a su vez puede resultar en la separación de familias y en una mayor marginación de estas comunidades dentro de la sociedad.
¿Cómo se aplicaría la Propuesta 36 en California?
Las leyes de inmigración son muy severas con las personas que tienen condenas por delitos relacionados con drogas. Incluso una simple posesión de drogas puede ser clasificada como un "delito grave" si la persona tiene antecedentes penales similares.
Esta clasificación puede resultar en la deportación obligatoria y la pérdida de la mayoría de los beneficios migratorios, sin importar el tiempo que la persona haya vivido en el país o si tiene familiares ciudadanos estadounidenses.
La Propuesta 36, al endurecer las sanciones penales para una amplia gama de delitos, incrementaría la población carcelaria. Esta situación, combinada con la estrecha cooperación entre las cárceles y el ICE, aumentaría significativamente el riesgo de detención y deportación para muchas personas.
¿Qué opinan los críticos de esta iniciativa?
De acuerdo con Courage California y otros, la Propuesta 36 no busca solucionar los problemas que llevan a la delincuencia, como la falta de recursos o los problemas de salud mental, sino que prefiere castigar a los delincuentes, lo que podría llevar a un aumento de la población carcelaria y menos dinero para programas comunitarios.
Estos defensores de los derechos civiles sostienen que destinar recursos a servicios sociales como salud mental, educación y programas de rehabilitación ha demostrado ser una estrategia más efectiva para reducir la delincuencia y mejorar la calidad de vida de las comunidades que el encarcelamiento masivo.
La Propuesta 47 es un claro ejemplo de cómo estas iniciativas pueden disminuir la reincidencia criminal.
Courage California y 13 organizaciones aliadas han expresado su fuerte oposición a la Propuesta 36, la cual, según ellos, representa un ataque a los avances logrados en las últimas décadas.
Estas organizaciones denuncian que esta propuesta, impulsada por grandes corporaciones, aumentaría los costos para los contribuyentes sin ofrecer beneficios reales.
Con información de Los Angeles Times
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