La administración de Nueva York, encabezada por el alcalde Zohran Mamdani junto a más de 100 funcionarios electos del estado, elevó esta semana un llamado directo al sector privado: exhortar a los propietarios y operadores de más de 1.000 garajes y estacionamientos privados a no prestar ni alquilar sus instalaciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La iniciativa busca frenar el uso de estos espacios como bases de preparación para batidas o redadas en la ciudad, exigiendo a los dueños que notifiquen formalmente a la agencia federal que no tienen autorización para operar en sus propiedades.
El detonante: operativos en zonas residenciales y antecedentes locales
La medida responde directamente a los hechos ocurridos en Marble Hill, El Bronx, donde agentes de ICE rodearon un vehículo en una concurrida calle residencial y dispararon contra Oscar Belgal, de 28 años, quien resultó herido en el cuello mientras su hijo de 5 años presenciaba la escena desde el interior del automóvil.
Según las investigaciones de la Alcaldía, los funcionarios federales utilizaron un estacionamiento privado cercano como centro de acopio operativo previo a la intervención.
No se trata de un caso aislado, la Alcaldía ha identificado patrones similares en otros puntos estratégicos de los cinco distritos, incluyendo:
- Dos aparcamientos pertenecientes a entidades bancarias en Northern Boulevard (Queens).
- Un garaje privado en Morton Street (Manhattan), el cual retiró el acceso a los vehículos de ICE tras las protestas organizadas por los vecinos de la zona.
Marco legal: propiedades públicas vs. propiedades privadas
En Nueva York, la normativa vigente impone límites claros a las autoridades migratorias federales respecto al uso de bienes de la ciudad:
- Propiedades municipales e instituciones protegidas: bajo la normativa local y la Orden Ejecutiva 13 (reforzada con directrices actualizadas tras una auditoría municipal), ICE no puede utilizar escuelas, hospitales, refugios ni garajes públicos como centros de procesamiento o acopio sin una orden judicial previa.
- Propiedades y garajes privados: las leyes de "ciudad santuario" no aplican de manera automática a la propiedad privada. Por ello, la estrategia de la Alcaldía no constituye una prohibición legal directa, sino un llamado voluntario a los propietarios para que ejerzan su derecho de admisión y nieguen el acceso a la agencia federal.
Impacto en la comunidad y la economía local
De acuerdo con cifras oficiales de la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la Alcaldía (MOIA), la relevancia de proteger los espacios comunitarios radica en la composición demográfica de la ciudad:
| Indicador | Cifra / Porcentaje |
|---|---|
| Población nacida en el extranjero | +3,1 millones de residentes (más de $1/3$ de la población total) |
| Fuerza laboral inmigrante | 43% del total de trabajadores de la ciudad |
| Sectores clave de inserción | Hostelería, construcción, comercios, salud y pequeñas empresas |
Faiza N. Ali, comisionada de MOIA, enfatizó que la presencia ininterrumpida de agentes en zonas comerciales o residenciales genera un clima de temor que altera rutinas básicas como ir a trabajar, hacer compras o llevar a los niños a la escuela, afectando también la economía de los barrios.
¿Qué hacer y a dónde acudir?
Para los residentes inmigrantes -con o sin estatus legal- es fundamental conocer las herramientas y canales institucionales de apoyo disponibles ante cualquier eventualidad:
- Orientación jurídica gratuita y segura: si necesitas asesoría en materia migratoria o conocer tus derechos ante la presencia de ICE en tu comunidad, la línea directa de la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la Alcaldía (MOIA) ofrece asistencia confidencial:
- Teléfono de atención: 800-354-0365
- Derecho de propiedad privada: los comerciantes y dueños de negocios o aparcamientos tienen derecho a rechazar el ingreso voluntario de agentes federales a áreas privadas no abiertas al público general si no presentan una orden judicial firmada por un juez.
A tener en cuenta
- Diferencia entre orden administrativa y orden judicial: los agentes de ICE suelen presentar órdenes administrativas (Formulario I-200 o I-205).
Estas órdenes no autorizan el ingreso a zonas privadas (como garajes o viviendas) sin el consentimiento explícito del dueño, a diferencia de una orden judicial firmada por un juez federal.
- Rol de las organizaciones comunitarias: diversas organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes en Nueva York (como Make the Road New York o New York Immigration Coalition) mantienen redes de alerta temprana y talleres de "Conoce tus Derechos" para enseñar a comerciantes y vecinos cómo reaccionar legalmente ante la presencia de agentes en propiedades privadas.
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