Durante la noche de este sábado un grupo de migrantes venezolanos procedentes de Estados Unidos llegó a El Salvador como parte de la Ley de Enemigos Extranjeros promulgada por Trump.
La llegada de los migrantes se produjo tras la deportación de cientos de ellos. Esta ley ha sido utilizada en pocas ocasiones en la historia de Estados Unidos según informó Telemundo Dallas.
El envío de los migrantes se produce tras señalamientos de Trump de que los ciudadanos venezolanos forman parte de la banda criminal Tren de Aragua en Estados Unidos.
El traslado se realizó a pesar de que el gobierno estadounidense no acordó la acción con Venezuela y no ha proporcionado pruebas de que estos migrantes sean miembros de alguna banda o que hayan cometido delitos en el país.
Una acción ilegal
Ante esto, Jorge Rodríguez, delegado jefe de Venezuela de los Diálogos de Paz, aseguró que la acción de Estados Unidos es ilegal y que se tomarían acciones.
Rodríguez afirmṕo que el traslado de los venezolanos fue una “acción ilegal, anacrónica que violenta la Carta de los DDHH, la declaración universal de los DDHH, la Carta de la Naciones Unidas y todas las convenciones que se han firmado entre países sobre derechos de migrantes".
Un video publicado por el presidente Nayib Bukele mostró a hombres esposados y rodeados de agentes de seguridad, siendo llevados a la cárcel CECOT.
¿Qué es la CECOT?
Esta megaprisión fue inaugurada en 2023 y es parte de la estrategia anticrimen del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
CECOT, ubicada en Tecoluca, tiene capacidad para 40.000 reclusos, con celdas que albergan entre 65 y 70 presos.
La prisión es conocida por sus condiciones severas: no se permiten visitas, actividades recreativas ni programas educativos.
Los reclusos son sometidos a una rutina estricta, donde, en ocasiones, algunos que se han ganado la confianza de los guardias dan charlas motivacionales.
Sin embargo, los espacios destinados a la recreación y descanso son exclusivos para el personal de seguridad.
El contexto de las cárceles en El Salvador es preocupante, con cifras que superan los 110.000 presos en marzo de 2024, lo que refleja un aumento significativo desde 2021.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado violaciones sistemáticas, incluyendo abusos, tortura y muertes en prisión.
Esto ha generado críticas hacia la administración de Bukele y sus políticas represivas.
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