Tres dueños de inmuebles iniciaron una querella legal en los tribunales locales contra el alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Finanzas de la ciudad debido a fallas en la ejecución del gravamen aplicado a las segundas residencias de alto valor. Los tres demandantes que presentaron la querella legal son John T. Avellino, Josephine Avellino y Dianne T. Renwick.
Dianne T. Renwick es una destacada abogada y jueza neoyorquina. Actualmente se desempeña como Jueza Presidiente de la División Apelativa del Primer Departamento de la Corte Suprema del Estado de Nueva York (nombrada en 2023).
John T. Avellino y Josephine Avellino son empresarios, filántropos y copropietarios de inmuebles en la ciudad de Nueva York. John Avellino ha tenido una larga trayectoria en el sector financiero y de inversiones en Wall Street.
De acuerdo con el expediente del caso, los esposos Avellino y la abogada Renwick iniciaron la acción judicial argumentando que la administración municipal les notificó incorrectamente sobre el cobro del impuesto al considerar sus propiedades como segundas residencias, cuando en realidad constituyen sus viviendas principales.
Notificaciones erróneas y filtración de datos
Los demandantes señalan en el expediente que las autoridades municipales les enviaron notificaciones de cobro a pesar de que los inmuebles señalados constituyen sus domicilios primarios. Adicionalmente, la acción legal denuncia que el Departamento de Finanzas publicó en su portal web un listado con los nombres, ubicaciones y avalúos de más de 900.000 inmuebles, exponiendo información privada de los contribuyentes.
Desproporción en el envío de citaciones
De acuerdo con el documento presentado ante la corte, la administración municipal admitió el despacho de misivas a unas 17.000 propiedades, cifra que supera la estimación de inmuebles aptos para el cobro. Los demandantes destacan que en la ciudad existen cerca de 24.000 viviendas que alcanzan el valor de mercado estipulado por la norma, pero la mayoría corresponde a primeras viviendas; aun así, el Ayuntamiento notificó a más del 70 % de ese universo.
Solicitud de suspensión de la medida
La demanda exige al tribunal la anulación del registro publicado en Internet y la suspensión temporal de la aplicación del tributo mientras se emite un fallo definitivo. El gravamen entró en vigencia el pasado 1 de julio para inmuebles con costos a partir de cinco millones de dólares, así como para condominios y cooperativas tasados en un millón de dólares o más, con una proyección de recaudación anual de 500 millones de dólares.
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