El gobierno de Corea del Sur formalizó un reclamo ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) con el objetivo de detener la aplicación de un arancel del 12,5% propuesto contra sus exportaciones. La penalización responde a una investigación global coordinada por Washington bajo el amparo del Artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, la cual evalúa el presunto incumplimiento de decenas de socios comerciales en la fiscalización e introducción de prohibiciones a la importación de bienes manufacturados mediante trabajo forzoso. La embajada surcoreana en la capital estadounidense calificó la medida regulatoria como desproporcionada e injustificada, solicitando una revisión profunda antes de que se emita un dictamen definitivo.
La ofensiva arancelaria de la Casa Blanca se enmarca en la reconfiguración de la política comercial del presidente Donald Trump, cuyo equipo busca establecer gravámenes específicos por país luego de que la Corte Suprema anulara en febrero pasado el esquema previo de aranceles recíprocos respaldados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La investigación de la USTR abarca a 60 economías de alto perfil, incluyendo también a potencias industriales de la región como China y Japón, bajo la premisa de que la falta de restricciones estrictas en el extranjero genera condiciones de competencia desleal y perjudica la actividad comercial de las empresas estadounidenses.
Argumentos de la defensa y políticas internas de Seúl
La representación diplomática de la nación asiática fundamentó su rechazo a las conclusiones técnicas del reporte estadounidense mediante los siguientes puntos centrales:
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Ausencia de bases metodológicas: Seúl afirma que las acusaciones de la USTR en cuanto a que el país introduce insumos vinculados a la explotación laboral carecen de un análisis específico de la realidad local. La defensa argumentó que los informes sectoriales citados originalmente por las agencias norteamericanas no presentan evidencias concluyentes que vinculen las cadenas de suministro surcoreanas con materias primas de origen ilícito.
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Cumplimiento de convenios internacionales: El consulado remarcó que el Estado dispone de políticas transversales activas, que contemplan la ratificación de tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y normativas jurídicas locales destinadas a comprometer al sector corporativo privado en la depuración de sus proveedores globales.
Búsqueda de alternativas y concesiones arancelarias
A pesar de las discrepancias en el plano fáctico, las autoridades surcoreanas manifestaron que comparten el objetivo estratégico de erradicar las redes de trabajo forzoso del comercio mundial, haciendo referencia al memorando de entendimiento y a la ficha informativa conjunta que ambas naciones firmaron el año pasado para combatir este flagelo de forma coordinada.
Ante la posibilidad de que la administración de Donald Trump mantenga firme la aplicación de las sanciones aduaneras a finales de mes, la delegación de Corea del Sur solicitó un trato preferencial o diferido basándose en el Acuerdo Estratégico de Comercio e Inversión vigente entre ambos aliados. Como alternativa secundaria, los organismos empresariales del país asiático han propuesto que el gravamen disminuya al menos al 10% —el rango asignado a las naciones que mantienen compromisos activos de cooperación directa con Washington— para evitar disrupciones masivas en el suministro de componentes de alta tecnología dirigidos al mercado norteamericano.
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