La batalla legal en torno a la integridad de los padrones electorales en Estados Unidos (EEUU) dio un giro clave este viernes.
La Corte Suprema levantó las restricciones que pesaban sobre el uso del programa SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements), gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), otorgando una victoria temporal a la administración de Donald Trump en su ofensiva para revisar la elegibilidad de los votantes inscritos.
La decisión de emergencia del máximo tribunal deja en suspenso el fallo emitido en junio por la jueza federal de distrito Sparkle L. Sooknanan, quien había declarado ilegal la versión renovada del sistema.
Sooknanan argumentó en su momento que la herramienta vulneraba los derechos de privacidad y exponía a los votantes legítimos a ser eliminados por error de los registros.
Pese a que un tribunal de apelaciones respaldó inicialmente a la jueza, el caso escaló hasta la máxima instancia judicial.
¿Qué implica esta medida de manera práctica?
A pesar del fallo, el impacto inmediato en los próximos procesos electorales de medio término será limitado.
La legislación federal vigente prohíbe que la gran mayoría de los estados realicen purgas sistemáticas o remuevan votantes de sus padrones dentro de los 90 días previos a una elección.
Además, es fundamental destacar que el uso de la base de datos SAVE por parte de los estados es completamente voluntario.
Esto significa que la implementación de esta herramienta de verificación masiva dependerá exclusivamente de las decisiones legislativas o ejecutivas de cada gobierno estatal.
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