Las autoridades del Centro de Detención de Stewart realizaron más de 300 llamadas al sistema 911 durante los primeros seis meses del año. Este repunte representa un incremento del 300 % en comparación con el total registrado en 2022.
La cifra confirma la alarma por cientos de llamadas de emergencias médicas desde centro migratorio de Georgia emitida por defensores de derechos humanos. Según, la agencia de noticias EFE reportó la alerta formulada por la organización El Refugio sobre el deterioro de las condiciones de reclusión.
Las alertas telefónicas corresponden a casos graves de internos que pierden el conocimiento, sufren convulsiones o presentan paros cardíacos. Asimismo, los activistas documentan emergencias en mujeres embarazadas y múltiples intentos de autolesión dentro del recinto.
"Es una situación alarmante de negligencia médica que mata a muchas personas aquí", declaró la coordinadora de El Refugio, Stephanie M. Madison. La prisión privada cuenta con capacidad para 2.000 personas y opera bajo la administración de la empresa CoreCivic.
Sin embargo, la localidad rural de Lumpkin carece de la infraestructura hospitalaria necesaria para absorber semejante volumen de urgencias.
¿Qué fallecimientos recientes encendieron las alarmas en Georgia?
El ciudadano cubano Denny Adán González, de 33 años, falleció en su celda el pasado mes de abril en circunstancias bajo investigación. Igualmente, el mexicano Prisciliano Trejo, de 29 años, murió en julio tras desarrollar leucemia aguda sin recibir la atención requerida.
Las organizaciones señalan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) libera a pacientes terminales para omitir estas estadísticas. "Muchas personas vulnerables con enfermedades graves nunca deberían ingresar a estas celdas", afirmó el director ejecutivo de El Refugio, Amílcar Valencia.
La ofensiva migratoria iniciada en 2025 saturó los servicios internos del penal y desbordó la capacidad del personal médico. Los voluntarios de la zona auxilian a los ancianos y enfermos que la institución abandona de forma imprevista.
Tanto la directiva de CoreCivic como los voceros del ICE rechazan las acusaciones de fallas operativas en los protocolos de salud. Las autoridades federales sostienen que el recinto cumple con las normativas sanitarias vigentes para la población privada de libertad.
No obstante, las plataformas comunitarias preparan un informe detallado con datos oficiales para exigir el cierre de la instalación.
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