En Estados Unidos se conoce como hazing a las prácticas estudiantiles donde se “bautiza” a un alumno en medio de un ritual hechos por sus compañeros. Es lo que se conoce comúnmente como rito de iniciación.
Los motivos pueden variar y dicha práctica puede llevar a cometer delitos, por lo que as leyes estadounidenses aclaran que cualquier actividad coercitiva que arriesgue la salud física o mental de un estudiante constituye una falta o un delito penal.
La reciente ley federal Stop Campus Hazing Act y las normativas estatales de más de 40 entidades sancionan estas prácticas, incluso cuando la víctima consiente participar voluntariamente.
¿Qué dice la legislación?
La legislación califica como actos delictivos las golpizas, el aislamiento, la privación del sueño y la ingesta forzada de alcohol o sustancias.
Las academias militares, liceos y universidades aplican políticas de cero tolerancia y abren expedientes disciplinarios inmediatos ante este tipo de agresiones.
¿Dónde acudir?
El afectado o sus familiares tramitan las denuncias directamente ante la policía local, la oficina de seguridad del campus o el Departamento de Servicios Estudiantiles.
Existen además canales confidenciales como la línea nacional 1-888-NOT-HAZE y las plataformas de cumplimiento del Título IX en casos de abuso de connotación sexual o de género.
En el plano legal, las instituciones educativas comparten corresponsabilidad civil y contable si omiten responder con rapidez a los reportes previos.
Diferencia con el bullying
La diferencia clave entre el hazing y el bullying radica en la dinámica del grupo y su objetivo final. El bullying o acoso escolar busca aislar, intimidar y excluir sistemáticamente a una persona del entorno social.
En contraste, el hazing condiciona la aceptación e integración del estudiante dentro de una fraternidad, equipo deportivo o club.
Aunque ambas conductas provocan severo trauma psicológico, el hazing disfraza la violencia bajo una falsa noción de lealtad, tradición o pertenencia corporativa según detalla la DeVries Law Office
Prevención
Organizaciones como StopHazing y la Anti-Hazing Coalition impulsan la formación en intervención de espectadores para frenar los abusos en las fases iniciales.
La justicia penal imputa penalmente a los agresores individuales por cargos que van desde agresiones menores hasta homicidio involuntario en casos fatales.
A su vez, los tribunales civiles condenan a fraternidades e instituciones a pagar millonarias indemnizaciones por negligencia en la supervisión de sus miembros.
La erradicación de estas prácticas depende hoy de la transparencia obligatoria y de la denuncia temprana.
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