La suspensión de las sanciones impuestas por la Universidad Internacional de Florida (FIU) contra un grupo de alumnos que exigían el cese del convenio con el ICE quedó establecida tras la emisión de un fallo dictado por la jueza Jacqueline Becerra en un tribunal federal.
La medida cautelar frena temporalmente la aplicación de la normativa interna del centro educativo que prohíbe realizar actos de manifestación o actividades expresivas dentro de sus instalaciones académicas.
«La expresión de los estudiantes no puede limitarse salvo que perturbe de forma sustancial la misión educativa o implique un desorden grave o la invasión de los derechos de otros», escribió la jueza en la orden.
Origen del conflicto y acciones administrativas
La controversia surgió en marzo pasado, cuando siete integrantes del grupo estudiantil ICEBreakers realizaron una manifestación en silencio durante un foro institucional. Los participantes se levantaron vistiendo camisetas con consignas contrarias a la colaboración del personal policial del campus con los agentes migratorios federales.
Posteriormente, las autoridades universitarias abrieron expedientes administrativos por presuntas violaciones al reglamento interno. La decisión disciplinaria derivó en amonestaciones escritas para seis de los involucrados, mientras que el expediente de un séptimo manifestante permaneció abierto hasta la intervención judicial.
Alcance de la resolución y situación del convenio
El dictamen judicial argumenta que la restricción aplicada por la FIU atenta contra el derecho a la libertad de expresión, precisando que este tipo de manifestaciones no pueden prohibirse a menos que generen una interrupción sustancial de las actividades de la institución o vulneren derechos de terceros.
La orden protege de forma directa a los integrantes de la agrupación demandante para el reinicio del ciclo lectivo. La FIU se convirtió en 2025 en la primera institución universitaria del país en incorporarse formalmente al programa 287(g), esquema que faculta a las fuerzas de seguridad locales a ejercer competencias del servicio migratorio federal.
«Bloquear esta norma significa que los estudiantes pueden empezar el semestre de otoño sin miedo a que los castiguen por protestar pacíficamente», afirmó en un comunicado Max Fondren, al frente de ICEBreakers
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