Las políticas de control migratorio en los Estados Unidos han dado un giro drástico bajo la administración del presidente Donald Trump, reactivando una profunda preocupación entre la comunidad inmigrante y las organizaciones de derechos humanos.
La principal alarma radica en la expansión a nivel nacional de la deportación acelerada, un mecanismo que difiere radicalmente de un proceso de deportación regular y que, en la práctica, elimina la posibilidad de que una persona presente su defensa ante un tribunal de inmigración.
De acuerdo con el abogado Harold Solís, co-director Legal de la organización Make the Road New York, la incertidumbre ha crecido tras el fallo del Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Washington, D.C., el cual dejó el camino libre para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reinicie y aplique estas expulsiones expeditas en cualquier rincón del país, sin restricciones geográficas.
El proceso regular: el derecho a ser escuchado ante un juez
Tradicionalmente, cuando se habla de una orden de deportación, el sistema legal contempla una serie de garantías procesales que toman tiempo.
En un proceso regular, el gobierno debe emitir un documento oficial donde explica formalmente las razones por las cuales considera que el extranjero debe ser expulsado del país.
Este esquema tradicional otorga al inmigrante derechos fundamentales:
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Tiempo de preparación: Se asigna una fecha y hora específicas para asistir a una audiencia en la corte.
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Asesoría legal: Brinda la oportunidad de buscar y contratar a un abogado defensor.
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Estrategia de defensa: Permite analizar alternativas legales para frenar la expulsión, tales como peticiones de asilo político, visas especiales o programas de protección humanitaria (parole).
“El proceso normal por lo menos provee ciertas oportunidades para que la persona pueda ser escuchada y tenga una oportunidad para defenderse”, explicó Solís en el podcast 'El Diario Sin Límites', destacando que en ocasiones el caso se debe a un error administrativo y el individuo ya cuenta con un estatus legal en el país.
La deportación acelerada: sin derecho a juicio ni apelación
El panorama cambia por completo con la deportación acelerada, un mecanismo creado por el Congreso en 1996 pero cuyas reglas operativas han sido modificadas según el gobierno en turno.
Mientras que la administración de Joe Biden limitaba su uso a personas detenidas a menos de 100 millas de la frontera y con menos de dos años en el país, las directrices actuales del gobierno de Trump expandieron la medida a todo el territorio nacional.
Bajo esta modalidad, se elimina la figura de un juez de inmigración neutral. En su lugar, el mismo oficial de ICE que realiza el arresto tiene la facultad unilateral de firmar la orden y decidir la expulsión del individuo.
El proceso es tan expedito que la deportación puede concretarse en un periodo menor a 14 días, e incluso el mismo día de la detención, volviendo técnicamente imposible interponer un recurso de apelación.
El riesgo del umbral de los dos años y la urgencia de asesoría
La mayor preocupación de los expertos legales es el estado de vulnerabilidad en el que quedan las personas que ya llevan más de dos años residiendo de manera continua en los Estados Unidos.
Aunque la ley estipula que la deportación acelerada debe aplicarse solo a quienes no cumplan con ese tiempo de residencia, el problema radica en la inmediatez: si un inmigrante es detenido en la calle o en su lugar de trabajo y no carga consigo pruebas contundentes que demuestren su arraigo de inmediato, corre el riesgo de ser expulsado de forma exprés.
Ante la velocidad y los riesgos que representa esta política agresiva de ICE, los especialistas enfatizan que la prevención es la mejor herramienta de protección.
La recomendación principal para la comunidad indocumentada es buscar asesoría jurídica con abogados certificados o agencias comunitarias reputadas para trazar un plan de contingencia, conocer sus derechos y saber qué documentos portar para acreditar su tiempo de estancia en el país ante un eventual encuentro con las autoridades migratorias.
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