El Departamento del Tesoro incluyó en su lista de restricciones por sanciones de Estados Unidos a la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, así como al abogado senegalés de la fiscalía de dicho organismo, Abdoulaye Seye.
La medida fue oficializada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y contempla un periodo de gracia hasta el 17 de septiembre para finiquitar transacciones asociadas.
Bloqueo de activos y alcance financiero
La sanción bloquea automáticamente cualquier cuenta bancaria, inversión, inmueble o fondo que los funcionarios posean de forma directa o indirecta (en un 50 % o más) dentro de Estados Unidos o que se encuentren bajo el control de instituciones y ciudadanos estadounidenses.
Adicionalmente las medidas prohíben a cualquier persona o empresa bajo jurisdicción estadounidense realizar transacciones financieras con Tomoko Akane y Abdoulaye Seye. Dado el alcance del dólar y de la red bancaria de EE. UU., esto también limita que bancos internacionales que operen con el sistema financiero estadounidense muevan fondos o procesen pagos a su nombre.
La orden otorga una licencia temporal hasta el 17 de septiembre para que las instituciones operantes puedan liquidar o cerrar cuentas pendientes vinculadas a estos funcionarios.
Por último se les imponen restricciones de viaje que impiden la entrada de los sancionados al territorio estadounidense.
Argumentos del ejecutivo estadounidense
La Administración del presidente Donald Trump argumenta que la Corte Penal Internacional (CPI) se ha extralimitado en sus atribuciones al emitir órdenes de aprehensión contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza.
de igual forma, Washington objeta las indagaciones que la fiscalía del tribunal internacional ha adelantado sobre las actuaciones de las fuerzas armadas estadounidenses en escenarios como Afganistán, así como las investigaciones supervisadas por el abogado Abdoulaye Seye respecto a la financiación de asentamientos e impartición de armas en Cisjordania.
Por otra parte, La decisión se ampara en el decreto presidencial promulgado en febrero, mediante el cual el Gobierno estadounidense calificó las acciones y jurisdicción de la CPI como una «amenaza» para su seguridad nacional y soberanía estatal.
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Estados Unidos no reconoce la competencia de la CPI para juzgar a sus ciudadanos ni a los de sus aliados (como Israel), dado que ninguna de las dos naciones es firmante del tratado fundador del tribunal de La Haya.