El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado un plan que busca limitar el acceso financiero a miles de personas.
Stephen Miller, quien es el vicejefe de gabinete de la Casa Blanca, confirmó que la administración de Donald Trump, junto con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, está trabajando activamente en regulaciones para bloquear cuentas bancarias, tarjetas de crédito y depósitos directos a personas indocumentadas.
Esta estrategia oficial tiene como objetivo cerrar los canales comerciales de este grupo demográfico, con la intención de fomentar la "autodeportación" a gran escala.
Incentivar la autodeportación a través de la desconexión bancaria
Según lo que ha declarado Stephen Miller en entrevistas con medios locales y cadenas conservadoras, la administración sostiene que los inmigrantes sin papeles están muy involucrados en la economía formal.
Según él, restringir su acceso a capital hará que su permanencia en el país se vuelva financieramente insostenible, lo que los obligaría a salir de manera voluntaria, sin depender únicamente de redadas físicas.
Miller también subrayó que la idea de que los inmigrantes indocumentados "viven en las sombras" es errónea, ya que muchos de ellos reciben sus salarios a través de nómina directa y tienen acceso a herramientas de crédito.
Directrices del Tesoro y reuniones con el sector financiero de EEUU
El Departamento del Tesoro, bajo la dirección de Scott Bessent, ha lanzado nuevas directrices dirigidas a bancos e instituciones financieras con el objetivo de fortalecer los mecanismos de verificación.
Además, fuentes del gobierno han indicado que los ejecutivos del Tesoro llevarán a cabo reuniones periódicas y personalizadas con los principales bancos comerciales para monitorear la desconexión gradual de estos usuarios del sistema financiero.
Según informes de la industria de inteligencia financiera y medios especializados como Semafor e IMI Daily, las regulaciones en desarrollo incluyen la exigencia de pruebas rigurosas de ciudadanía o residencia legal para abrir y mantener cuentas activas.
Esta medida ha generado un intenso debate entre analistas económicos sobre su posible impacto operativo en las propias entidades bancarias estadounidenses.
