El Gobierno de Estados Unidos elevó la presión económica sobre Cuba con una nueva serie de sanciones financieras y comerciales contra puntos clave de la economía de la isla.
Según un comunicado del Departamento de Estado y las resoluciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, las medidas afectan a ocho empresas, dos personas y cinco embarcaciones, todas incorporadas a la lista de bienes bloqueados.
Alcance de las medidas y empresas sancionadas
Las sanciones apuntan directamente a los sectores energético y tecnológico. Entre las compañías designadas están las estatales Cubaelectrónica, que importa y exporta suministros y equipos electrónicos y de comunicaciones, y Tecnosime, dedicada a comercializar servicios técnicos y tecnológicos.
Según la información difundida por medios y agencias internacionales como Uno TV y EFE, Washington también extendió las restricciones más allá de Cuba e incluyó, por primera vez, a empresas chinas.
China National Electronics Import and Export Corporation (CEIEC) y Beijing H&C Technologies fueron señaladas por supuestamente suministrar componentes esenciales, equipos de defensa y sistemas de seguridad a las fuerzas armadas cubanas, a través de intermediarios como la Sociedad Mercantil Duna S.A.
La OFAC también bloqueó cinco buques cisterna vinculados al transporte de petróleo y sus derivados, en un intento por limitar las redes marítimas de abastecimiento y la colaboración con compañías internacionales.
Las sanciones personales alcanzan a Any Rodríguez Lastres, hija de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta del conglomerado militar GAESA, y a Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja.
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Justificación oficial y trasfondo energético
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió la aplicación de estas restricciones al afirmar que la cúpula gobernante cubana controla los recursos energéticos y los ingresos marítimos para su propio beneficio.
De acuerdo con la postura oficial difundida por el Departamento de Estado, La Habana ha revendido durante años parte del petróleo recibido de Venezuela y otros socios comerciales para obtener divisas, mientras la población enfrenta una grave crisis, marcada por apagones generalizados y una escasez persistente de combustible.
Por su parte, el director de la OFAC emitió una directriz amparada en la orden ejecutiva vigente para sancionar directamente a cualquier actor extranjero que opere en los sectores manufacturero, tecnológico, electrónico y marítimo de la economía cubana.
Reacción del gobierno cubano
La respuesta de La Habana no tardó en llegar. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó con firmeza las medidas en sus canales oficiales y las calificó como un intento desesperado y obstinado de “asfixiar la economía y ocasionar el mayor daño posible” al pueblo cubano.
El canciller sostuvo que las acciones de Washington volverán a fracasar ante la soberanía y la independencia de la nación caribeña.
En la práctica, estas designaciones impiden que las entidades y personas afectadas operen dentro del sistema bancario estadounidense y prohíben cualquier transacción comercial con empresas de ese país. Las medidas agravan aún más la compleja situación de la infraestructura de generación eléctrica en la isla.
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