La Junta de Supervisores del Condado de San Diego (California, EEUU) se prepara para votar sobre una nueva propuesta que podría suspender el apoyo a las deportaciones masivas de inmigrantes, realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La propuesta, de ser aprobada, pondría fin a la colaboración entre el condado y el ICE en sus procedimientos de expulsión de migrantes, las cuales han sido objeto de controversia debido a su impacto en las familias de estos extranjeros.
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Morgan Principi, director legal de Pathways to Citizenship, destacó que esta medida protegería a las familias al evitar su separación por deportaciones masivas.
Sin embargo, el supervisor del quinto distrito, Jim Desmond, expresó su preocupación por el impacto que esta legislación podría tener en la seguridad pública.
Según Desmond, la medida dificultaría la deportación de criminales que residen en San Diego, lo cual supondría un riesgo para la comunidad.
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La legislación no afectaría las investigaciones penales federales en curso, pero dejaría al ICE con la responsabilidad total de ejecutar la ley de inmigración.
Esta propuesta generó un debate intenso sobre el equilibrio entre la protección de los derechos de los inmigrantes y la seguridad pública en el condado, reseña KSDY.
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