La oficina del Alguacil del Condado de Douglas, Nevada, se retractó del acuerdo firmado por las autoridades sobre la cooperación de las fuerzas de seguridad con agentes del ICE.
El órgano asegura que al momento de firmar el acuerdo no se le informó sobre que la cooperación sería para las redadas antiinmigrantes según publicó The Nevada Independent.
El acuerdo se trata del polémico programa 287(g) que ha generado controversia al permitir que agentes locales de la ley apliquen las leyes federales de inmigración.
Inicialmente se contempló una versión que permitiría el trabajo migratorio en cárceles y detenciones en la comunidad sin orden judicial.
Sin embargo, la oficina del Alguacil del Condado Douglas afirma que no firmaron el acuerdo que lo permitiría.
¿Qué dicen las autoridades?
El alguacil, Dan Coverley, indicó en un correo obtenido por solicitud pública que no tenía intención de participar en el modelo de trabajo del programa.
Sin embargo, documentos revelan que el condado sí firmó un memorando de entendimiento con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), autorizando ciertas detenciones.
Aunque Coverley asegura que este acuerdo fue revocado, el condado sigue participando en el modelo de servicio de órdenes judiciales, que permite ejecutar órdenes de ICE en cárceles.
La confusión sobre esta colaboración ha suscitado preguntas de legisladores y grupos de derechos civiles, especialmente en un contexto donde Nevada tiene una alta población indocumentada.
Coverley admitió que no se dio cuenta de la firma del acuerdo, creyendo que era parte de otro distinto.
Falta de claridad
Athar Haseebullah, director de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Nevada, destacó que existe falta de claridad en estos acuerdos.
Esta situación complica la comprensión pública sobre la relación entre la policía local y el gobierno federal.
Durante una audiencia legislativa, se cuestionó a Coverley sobre el uso de recursos locales para la aplicación de leyes de inmigración, enfatizando la preocupación por los costos asociados al programa 287(g).
A pesar de las críticas, el Alguacil sostiene que su participación es crucial para la seguridad pública, argumentando que se debe responsabilizar a quienes cometen delitos, incluso si esto implica deportación.
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