La Cámara de Representantes de Rhode Island aprobó un nuevo presupuesto estatal que incluye una medida bautizada popularmente como el Impuesto Taylor Swift, en referencia a la cantante que posee una mansión frente al mar en el exclusivo sector de Watch Hill.
La legislación, si se aprueba en el Senado, impondrá un recargo fiscal a las segundas residencias de lujo que superen el millón de dólares y estén desocupadas más de la mitad del año, destaca Infobae.
En el caso de Swift, cuya propiedad está valorada en 17 millones de dólares, esto representaría un pago adicional estimado en $136.000 anuales.
Sin embargo, el impacto se extendería a decenas de propietarios de alto perfil que utilizan sus residencias solo durante temporadas.
Impuesto Taylor Swift tiene divisiones
El recargo propuesto establece una tarifa anual de $2.50 por cada $500 de valor que exceda el primer millón de dólares en propiedades no ocupadas.
El objetivo declarado es enfrentar la crisis de vivienda en zonas costeras, donde los precios se han disparado y las viviendas de temporada permanecen vacías gran parte del año, sin contribuir a la economía local de forma sostenida.
La medida ha profundizado la tensión entre los residentes permanentes y los dueños de segundas casas, que son señalados por encarecer el mercado sin involucrarse en la vida comunitaria.
La aprobación del recargo también coincide con un aumento en el impuesto de transferencia sobre todas las ventas inmobiliarias, que sube de $2.30 a $3.75 por cada $500 del precio de venta.
La industria inmobiliaria reacciona con fuerza
La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Rhode Island criticó duramente ambas decisiones. Su presidente, Chris Whitten, advirtió que podrían “perjudicar gravemente” al mercado, ya afectado por la inflación y la baja oferta de propiedades.
También expresó su preocupación de que estas políticas fiscales desincentiven la inversión y generen un efecto dominó en otros estados.
Legisladores como el presidente de la Cámara, Joe Shekarchi, defienden el Impuesto Taylor Swift como una forma de aliviar la presión sobre las familias trabajadoras, trasladando parte de la carga fiscal hacia quienes poseen propiedades de lujo que no forman parte activa de las comunidades donde se ubican.
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