La comunidad de Boyle Heights, en Los Ángeles, se encuentra movilizada tras un impactante operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El incidente, que quedó registrado en cámaras de seguridad, culminó con la detención de tres jóvenes vendedores ambulantes de origen mexicano, desatando una ola de solidaridad entre los vecinos para costear su defensa legal.
El arresto ha reavivado el temor en los barrios latinos de California, en un momento donde las agencias federales ejecutan operaciones de captura cada vez más focalizadas.
El operativo en Boyle Heights: testigos denuncian "emboscada"
De acuerdo con la organización comunitaria Unión del Barrio, el procedimiento se llevó a cabo el pasado lunes 11 de mayo, alrededor de las 9:00 horas, en la intersección de las calles Verde y Tremont, a escasos metros de la escuela primaria Santa Teresita.
Videos de vigilancia residencial muestran el momento exacto en que un sedán blanco y una camioneta SUV negra interceptan a los trabajadores mientras cargaban sus carritos de fruta en un vehículo.
Familiares relataron a Telemundo 52 que varios agentes descendieron encapuchados y sin mostrar órdenes judiciales escritas.
Uno de los vendedores intentó correr para ponerse a salvo, pero fue acorralado por otras unidades federales que ya bloqueaban el extremo opuesto de la calle, en un despliegue que los allegados describieron como una emboscada planificada.
Identidad de los detenidos y la postura del DHS
Los tres trabajadores bajo custodia fueron identificados como los hermanos Jhovany y Joel Flores-Martínez, junto a Armando Espiritu Garcia.
Los jóvenes, originarios del estado de Puebla, México, llevaban cuatro años residiendo en Estados Unidos, donde trabajaban diariamente para enviar sustento a sus familias, incluyendo a los dos hijos menores de uno de ellos.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la acción afirmando que se trató de una operación dirigida con objetivos específicos.
Según reportó el medio local Boyle Heights Beat, las autoridades federales argumentaron las siguientes causas para mantener el proceso de deportación:
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Jhovany Flores-Martínez: el DHS señaló un historial de múltiples reingresos irregulares al país.
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Armando Espiritu Garcia: Las autoridades indicaron que contaba con un antecedente judicial previo vinculado a una condena por fraude con tarjetas de crédito.
Solidaridad en las calles: venden la fruta para pagar abogados
Ante la repentina pérdida del sustento familiar y los elevados costos que demanda un juicio migratorio, los allegados de los jóvenes tomaron una decisión inmediata: salir a trabajar la mercancía que ya estaba lista para la jornada.
"Ya tenían todo preparado para su día laboral y pues ni modo de echarlo a perder. Ahora hay que venderlo para apoyarlos", explicó un primo de los hermanos Flores-Martínez en declaraciones a Univision.
El grupo trasladó los tradicionales carritos de fruta al parque donde solían trabajar y colocaron carteles con un mensaje claro: “Un vendedor fue detenido por ICE. Estamos vendiendo su fruta para ayudarlo durante este difícil momento.
Si desea colaborar, puede comprar o hacer una donación”. La respuesta de los residentes locales no se hizo esperar, convirtiendo el puesto en un punto de recaudación comunitaria.
Traslado a Adelanto, uno de los centros de detención más grandes
Los tres inmigrantes poblanos fueron trasladados al Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, California, una de las prisiones migratorias con mayor capacidad operativa en todo el territorio estadounidense.
Bajo la supervisión de la Oficina de Campo de Los Ángeles, el complejo alberga actualmente a una gran parte de la población sujeta a deportación en la Costa Oeste.
De acuerdo con datos estadísticos de TRAC Immigration, el centro registraba una ocupación de 1,733 personas bajo custodia federal, posicionándolo como un punto crítico de detención dentro de un estado que alberga a más de 5,800 retenidos por razones de estatus migratorio.
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