La implementación de la medida de expulsión a África occidental se materializó con la llegada del primer grupo de 20 deportados a territorio liberiano, entre los que figura el venezolano Carlos Téllez Sánchez, de 35 años, quien permaneció retenido siete meses por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pese a contar con una orden judicial de suspensión de remoción (withholding of removal).
Téllez Sánchez fue aprehendido en diciembre de 2025 al acudir a una cita de rutina en dependencias migratorias en Texas. Durante el periodo de reclusión nació su tercer hijo en territorio estadounidense.
Durante el periodo de reclusión, su representación legal interpuso un recurso de habeas corpus y una moción de emergencia para frenar la salida del país, medidas que no detuvieron el traslado aéreo:
"En ese momento yo le pregunto a uno de los de los funcionarios de lais que por qué me deportan, me dicen que la orden viene directamente desde Washington, que no podían hacer nada. El abogado sometió una moción para el juez para que detuvieran la deportación, pero lamentablemente no dio tiempo de nada", contó Téllez.
La figura legal asignada al ciudadano venezolano impedía su retorno a Venezuela, pero facultaba al gobierno estadounidense a reubicarlo en un tercer país. La acción generó reacciones por parte de sus allegados debido a la interrupción del debido proceso y las circunstancias en las que se ejecutó el embarque. Precisaron que la notificación sobre el traslado se produjo con pocas horas de antelación al abordaje del vuelo intercontinental, aun cuando mantenían trámites ante un tribunal federal del sur de Texas:
"Es una injusticia definitivamente, lo enviaron para África, precisamente para Liberia, el primer grupo de veinte personas. Vio la lista a las doce y media de la noche aproximadamente y el vuelo salía ya a las dos de la tarde. Sé que algunos se resistieron y los llevaron hasta amarrados en el avión", contó un familiar que resguardó su identidad.
Alcance del convenio bilateral
El traslado responde a un pacto migratorio formalizado entre el Departamento de Estado estadounidense y el gobierno de Liberia, el cual prevé la recepción de hasta 1.200 personas deportadas en un plazo de un año.
La normativa de la nación africana establece que los recién llegados permanecen hospedados en instalaciones hoteleras mientras tramitan solicitudes de asilo o coordinan su salida a otros destinos.
Hasta la fecha, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni ICE han emitido vocerías oficiales sobre el caso particular de Téllez Sánchez, mientras los familiares señalan la interrupción de los ingresos económicos del hogar tras el traslado.
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube
