Maine activa leyes que limitan cooperación local con ICE y su acceso a lugares sensibles en todo el estado norteamericano. Según EFE, reportó que tres normativas entrarán en vigencia este miércoles para cortar el intercambio de datos y apoyo operativo entre cuerpos locales de seguridad y agentes migratorios.
La gobernadora demócrata Janet Mills promulgó el paquete conocido como "ICE Out" sin estampación de firma presencial. Las decisiones legislativas cobraron impulso tras las críticas hacia las políticas de la Administración de Donald Trump y la muerte del colombiano Johan Sebastian Durán a manos de efectivos federales en la ciudad de Biddeford.
El estatuto denominado "ICE fuera de la policía" prohíbe a los funcionarios locales detener o trasladar a personas procesadas hacia centros de reclusión federales. De igual forma, las autoridades estatales omitirán la notificación sobre fechas de liberación de ciudadanos bajo su custodia.
¿Cómo operará el control en los centros educativos y de salud?
El texto "ICE fuera de las escuelas y centros de salud" faculta al personal administrativo para denegar el paso a los agentes. Las instituciones públicas exigirán órdenes judiciales para autorizar la revisión de archivos pertenecientes a alumnos, pacientes o usuarios de bibliotecas.
Esta norma revierte el criterio federal adoptado en enero de 2025 que eliminaba la condición de "espacios sensibles" para recintos públicos. Por otra parte, la ley "ICE fuera de nuestros hogares" sanciona el traspaso no autorizado de expedientes privados de arrendatarios a los funcionarios migratorios.
Rubén Torres, directivo de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Maine, afirmó que las medidas buscan garantizar el desplazamiento seguro hacia lugares de trabajo, escuelas y centros médicos. La región se suma a jurisdicciones como Nueva York, California, Illinois, Massachusetts, Vermont, Connecticut y Delaware en el despliegue de protecciones locales.
¿Existen expectativas de cumplimiento por parte de los agentes federales?
El asesor jurídico de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) de Maine, Zach Heiden, descartó un acatamiento voluntario del organismo federal. Sin embargo, el abogado confía en el cumplimiento estricto por parte de policías locales, oficinas de alguaciles y direcciones penitenciarias estatales.
La organización civil documentó más de 400 casos de mala conducta sobre una muestra de 1.200 incidentes migratorios evaluados en su informe nacional "Agentes del caos y la crueldad". Los portavoces del estudio advirtieron que el presupuesto entregado a la agencia no incluyó mecanismos de supervisión ciudadana.
"La violencia que ejerce ICE no constituye una aplicación de la ley en el sentido estricto de la palabra. Es ilegal, aterradora y mortal, y debe cesar", concluyó la ACLU en su última declaración sobre el tema.
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