Al menos 25 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, demandaron al Gobierno de Donald Trump por los nuevos aranceles de entre 10 % y 12,5 % impuestos a 60 socios comerciales.
Esta acción legal, presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional, argumenta que la administración está excediendo sus atribuciones al utilizar el trabajo forzoso como justificación para reactivar una política arancelaria previamente cuestionada por los tribunales.
Antecedentes
Los aranceles, anunciados el 23 de julio y vigentes desde el 24, afectan a productos de economías clave como la Unión Europea, China, Canadá y México.
La administración Trump sostiene que estos países no implementan medidas adecuadas para prevenir la entrada de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
Sin embargo, los estados demandantes argumentan que no existe una relación lógica entre el problema del trabajo forzoso y la imposición de aranceles generalizados según detalla France 24.
Batalla comercial
Esta disputa se inscribe en una larga batalla comercial que comenzó con el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025.
Tras la anulación de aranceles anteriores por parte de la Corte Suprema, la administración buscó un nuevo enfoque.
Este culminó en el establecimiento de aranceles bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, argumentando que estos son una respuesta a prácticas comerciales injustas.
Argumentos
Para los estados demandantes, la nueva estructura arancelaria representa una continuación de la misma política que ya fue desafiada en los tribunales.
La administración Trump defiende que esta estrategia es necesaria para corregir lo que considera décadas de relaciones comerciales desfavorables.
Así, la batalla judicial se convierte en un enfrentamiento entre dos visiones sobre la legalidad y la eficacia de las políticas arancelarias actuales.
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