Decenas de estudiantes extranjeros en todo Estados Unidos se han unido en dos demandas colectivas, acusando a la administración Trump de despojarlos ilegalmente de su estatus legal, como parte de una ofensiva migratoria más amplia y restrictiva.
Una investigación de CNN revela que más de 1000 estudiantes y graduados han sufrido la revocación de sus visas o estatus migratorio, lo que les ha impedido continuar sus estudios en el país.
Los casos varían desde acusaciones de apoyo a organizaciones terroristas hasta delitos menores cometidos hace años. Por ello el medio compartió el estatus de las demandas.
Demandas colectivas
Si bien algunos estudiantes afectados han optado por presentar demandas individuales, al menos dos acciones legales federales, radicadas en tribunales de Georgia y New Hampshire, buscan representar a grandes grupos de estudiantes, superando el centenar de demandantes en cada caso.
"Puedo presentar 133 demandas, pero creo que al tribunal no le agradaría, así que presentaremos una", declaró a CNN Charles Kuck, abogado de uno de los casos y expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
En ese sentido, Kuck explicó que la agrupación de casos permite a los demandantes costear la representación legal y facilita la litigación por parte de su bufete, Kuck Baxter.
Además, asegura que las filiales estatales de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) también han brindado apoyo legal en estos casos.
Ambas demandas se centran en la distinción crucial entre la visa de estudiante extranjero y el estatus legal que les permite permanecer en el país. Los demandantes argumentan que el gobierno federal revocó ilegalmente su estatus, exponiéndolos a la detención o deportación.
Kuck informó a CNN que tiene conocimiento de al menos otras diez demandas similares presentadas en nombre de estudiantes internacionales.
En respuesta a las demandas, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) criticó a la ACLU, sugiriendo que la organización estaba más interesada en proteger a los estudiantes extranjeros que en la seguridad de los estadounidenses.
La portavoz del DHS enfatizó que la obtención de una visa para estudiar en EE.UU. es un privilegio que debe ser revocado en caso de infracción de las leyes o promoción de violencia y terrorismo.
Estatus de estudiantes en un caso
La primera demanda, presentada en Georgia, inicialmente incluyó a 17 estudiantes extranjeros de diversas universidades. El caso se ha expandido a 133 estudiantes, todos identificados con seudónimos por temor a represalias.
La demanda acusa a altos funcionarios del gobierno de revocar ilegalmente el estatus de los estudiantes, eliminándolos del Sistema de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (Sevis).
El viernes, un juez federal emitió una orden de restricción temporal, ordenando al gobierno restablecer el estatus de los demandantes antes del martes.
La demanda sostiene que los registros Sevis de los estudiantes fueron marcados con razones ambiguas, como "Persona identificada en la verificación de antecedentes penales y/o con la visa revocada" o "Por otra razón no mantiene su estatus".
Los demandantes argumentan que, aunque algunos han enfrentado acusaciones o cargos penales, ninguno tiene condenas penales y ninguno ha violado las restricciones que les exigen no haber sido condenados por delitos violentos.
Los abogados de los demandantes celebraron el fallo, calificándolo como una victoria temprana en la lucha contra lo que consideran acciones ilegales del gobierno.
Segunda demanda
La segunda demanda, presentada en New Hampshire, representa hasta el momento a cinco estudiantes internacionales, pero busca representar a muchos más. Los demandantes alegan que se les quitó su estatus de estudiantes ilegalmente.
Uno de los demandantes recibió un correo electrónico de su escuela notificándole que su registro SEVIS indicaba que no había mantenido su estatus, con una justificación similar a la del caso de Georgia.
La demanda también reconoce que los estudiantes han tenido enfrentamientos con la policía, principalmente por infracciones de tránsito.
Los demandantes argumentan que estas cancelaciones masivas de estatus violan las normas aplicables y que la revocación de una visa no es motivo para la terminación del estatus de estudiante.
Ambas demandas destacan la diferencia entre la visa de estudiante y el estatus legal, argumentando que el gobierno está utilizando la revocación de visas para forzar la "autodeportación" de los estudiantes, a pesar de que estos no han violado su estatus legal.
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