Una corte en Estados Unidos (EEUU) ha dado al gobierno la autoridad para realizar más detenciones legales de ciertos inmigrantes, sin derecho a ninguna defensa, les explicamos a quiénes afecta.
Resulta que, a mediados de este mes, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) ha dictaminado que cualquier extranjero detenido en la frontera sin una orden judicial, ya sea en un puerto de entrada o entre puertos de entrada, y luego sometido a un proceso de deportación, no tendrá derecho a fianza.
Esto, según lo ha reseñado el portal de Univisión.
Se explica que los extranjeros detenidos en virtud del artículo 235(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), “no podrán ser liberados bajo fianza en virtud del artículo 236(a) de la INA” y permanecer en territorio estadounidense.
De hecho, autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a deportar inmediatamente a ciertos extranjeros que haya determinado como inelegibles tras ser detenidos en la frontera.
Ahora, se debe tener en cuenta que, la Sección 212(d) de la INA contiene una disposición que permite al DHS otorgar libertad condicional (parole) a ciertos extranjeros para que puedan ingresar al país de forma temporal, incluso si estos no cumplen con los requisitos de admisión habituales.
Entienda el alcance de la medida
En el caso de que el inmigrante haya cruzado la frontera y haya sido detenido estando más allá del puerto fronterizo (bajo la Sección 235(b)(2), permanecerá detenido hasta que sea deportado de manera expedita”.
Así lo explicó el abogado de inmigración, Alex Gálvez, a Univisión.
Por otra parte, aquellos extranjeros que fueron detenidos en la frontera, sobre todo durante el gobierno anterior y luego liberados bajo fianza con un parole, perderán la protección en el momento que se les entregue una Notificación de Comparecencia (NTA).
Por ejemplo, estos inmigrantes, que se presenten a las oficinas de inmigración para cumplir con sus citas o entrevistas de seguimiento pueden recibir una NTA de parte del DHS, y a partir de ese momento pueden ser detenidos sin derecho a fianza.
Es decir, el fallo de la BIA le da al gobierno autoridad para cancelar sus fianzas, detenerlos nuevamente y colocarlos en proceso de deportación expedita.
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