El magistrado Reggie B. Walton emitió una resolución favorable para la Casa Blanca y confirmó que un juez federal permite a Trump construir muro fronterizo sobre diques que protegen a un pueblo de Texas de las inundaciones. La decisión judicial rechaza la solicitud de suspensión temporal interpuesta por las autoridades locales de Presidio.
El fallo permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantener la ejecución del proyecto en la frontera con México. Los documentos de la corte federal revelan los detalles del litigio ambiental y de seguridad.
La obra forma parte del plan federal valorado en 46.000 millones de dólares para levantar barreras físicas desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México. "El tribunal se ve obligado a rechazar la solicitud de suspender temporalmente el proyecto", escribió el juez en su sentencia.
La comunidad rural de Presidio alberga a unos 3.200 habitantes que dependen directamente de la red de terraplenes construida entre 1970 y 1980. El distrito de desarrollo económico de la localidad presentó la demanda inicial tras alertar sobre el peligro de desbordamiento del Río Grande.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) planea reemplazar el talud de tierra por un muro de concreto con paneles de acero de 30 pies.
¿Qué facultades legales otorgó el Congreso de EEUU?
El tribunal concluyó que el Congreso otorgó facultades legales al secretario del DHS para eximir el cumplimiento de normativas ambientales y de infraestructura. La representación legal de Presidio argumentó que el Ejecutivo ignoró las autorizaciones requeridas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Sin embargo, la agencia federal catalogó los planos de diseño como información reservada por razones de seguridad nacional. Organizaciones ecologistas, comunidades indígenas y propietarios de terrenos mantienen acciones legales paralelas para frenar el avance de las maquinarias pesadas.
Los críticos sostienen que la aceleración de los trabajos pone en riesgo directo los ecosistemas locales y yacimientos arqueológicos de la región. Asimismo, la defensa legal cuestiona la prisa gubernamental cuando los cruces irregulares registran mínimos históricos en la zona.
El Gobierno estadounidense proyecta culminar la primera fase de la estructura metálica durante el transcurso del próximo año. Las autoridades federales reiteran que el objetivo central busca reducir a cero los ingresos no autorizados por la frontera sur.
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