Un juez federal en California ha dado un golpe contundente a la polémica política del Gobierno de Donald Trump, que permitía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestar a migrantes indocumentados dentro de los tribunales de inmigración.
Esta decisión judicial frena de manera drástica una de las estrategias clave de la campaña de deportaciones masivas de la Casa Blanca.
El fallo que desmantela la estrategia de Trump
El fallo que desmantela la estrategia de Trump proviene del juez P. Casey Pitts, del Tribunal del Distrito Norte de California, quien determinó que la administración federal violó la Ley de Procedimiento Administrativo de 1946 al eliminar sin una justificación válida las restricciones anteriores sobre arrestos en "lugares sensibles".
Según el fallo de 71 páginas que ha sido compartido por medios internacionales, las agencias federales mostraron "una falta total de razonamiento en su toma de decisiones" y no consideraron el impacto negativo que esta medida podría tener.
De acuerdo con CNN, el dictamen no solo prohíbe las detenciones en los pasillos de los tribunales, sino que también revoca una directriz de ICE que había extendido el tiempo de detención en celdas de procesamiento de corto plazo de 12 a 72 horas, restableciendo así el límite original.
El "efecto disuasorio" en la justicia migratoria ante políticas de Trump
Reseña la agencia de noticias AP que la práctica de detener a personas que acudían de forma voluntaria a sus citas legales generó un profundo miedo en la comunidad inmigrante.
De hecho, la documentación consultada en el caso judicial destaca un "descenso drástico" en la asistencia a las audiencias desde que se implementó la medida, provocando que muchos extranjeros recibieran órdenes de deportación en ausencia por temor a ser capturados por agentes encubiertos.
Reacción inmediata de la Casa Blanca y aliados
La respuesta del entorno de Trump no se hizo esperar. A través de una declaración en la plataforma X, el asesor legal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), James Percival, arremetió contra la decisión:
"Que un juez de distrito ordene lo contrario es activismo judicial descarado al servicio de una agenda antiestadounidense y de fronteras abiertas".
Por su parte, figuras de la línea dura republicana como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticaron al magistrado —nominado en su momento por Joe Biden— acusándolo de "arrojar arena en los engranajes de la aplicación de la ley migratoria".
Pese a los reclamos oficiales, la restricción nacional entra en vigor inmediatamente mientras el Gobierno prepara su apelación ante instancias superiores.
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