El Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos del país centroamericano llegará a su término legal el próximo 9 de septiembre. La medida deja a más de 170.000 amparados en riesgo inminente de perder sus autorizaciones de empleo y la residencia legal.
Los afectados buscan alternativas jurídicas ante el silencio del Departamento de Seguridad Nacional sobre una posible prórroga. Según, Telemundo Chicago reportó la alerta emitida por abogados y organizaciones comunitarias de inmigración.
Los defensores de derechos civiles recalcan que la falta de renovación oficial activa la desprotección laboral de los trabajadores. "La gente amparada por este programa siente un temor profundo por su estabilidad", indicaron voceros de las asociaciones.
Los especialistas en materia migratoria aconsejan a las familias revisar sus historiales particulares para iniciar otros trámites de regularización. Varias personas cumplen con los requisitos para solicitar el ajuste de estatus mediante peticiones de hijos ciudadanos mayores de edad.
Asimismo, quienes ingresaron con permisos de viaje previos o sufrieron delitos cualificados optan a visados de protección especial.
¿Qué opciones legales existen para los salvadoreños?
Los beneficiarios que llevan más de dos décadas residiendo en suelo estadounidense evalúan solicitudes de asilo o peticiones familiares directas. Sin embargo, los expertos advierten que las personas con órdenes previas de deportación enfrentan expedientes con un grado mayor de complejidad.
Cada trabajador debe consultar con abogados acreditados antes de la llegada de la fecha de expiración. Las cifras de las organizaciones de asistencia cifran en miles los hogares que perderán sus contratos de trabajo de forma automática.
Las empresas contratantes deberán suspender las nóminas de los amparados si las autoridades federales no emiten una extensión. La comunidad salvadoreña mantiene gestiones diplomáticas para lograr el respaldo de la administración estadounidense.
Los líderes sociales organizan jornadas informativas en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Dallas para responder dudas de los migrantes. La suspensión del amparo impacta la economía de miles de familias que envían remesas periódicas a su nación de origen.
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