El sistema de justicia penal de Florida ejecutará la sentencia de pena de muerte en contra de Andrew Richard Lukehart, de 53 años, en lo que representa el octavo caso de aplicación de la pena capital en el estado en lo que va del año 2026.
La ejecución está programada para las 18:00 horas en la Prisión Estatal de Florida, en las cercanías de Starke.
Este procedimiento pone fin a un largo proceso judicial derivado del homicidio de Gabrielle Hanshaw, una lactante de cinco meses de edad, ocurrido en el año 1996, y refleja la continuidad de una política intensiva en la resolución de sentencias máximas bajo la actual administración estatal.
El rechazo de las apelaciones médicas y el protocolo técnico
De acuerdo con reportes de CBS News, la ejecución recibió luz verde definitiva luego de que la Corte Suprema de Florida desestimara los últimos recursos promovidos por el equipo legal del condenado.
La defensa argumentaba que Lukehart padecía una enfermedad renal crónica y que el uso de sus tratamientos diarios podría generar una interacción farmacológica adversa y dolorosa al entrar en contacto con las sustancias de la inyección letal.
Sin embargo, los magistrados determinaron que no existía evidencia médica contundente que probara un riesgo de sufrimiento innecesario.
Tras este fallo local, la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó la apelación final, ratificando la validez del procedimiento constitucional.
El protocolo se ejecutará mediante el método regular de inyección letal de tres fármacos provisto por el Departamento de Correcciones de Florida:
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Etapa 1: suministro de un sedante de alta potencia para inducir la inconsciencia.
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Etapa 2: administración de un agente paralizante que detiene el sistema muscular.
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Etapa 3: inyección de un fármaco diseñado para detener por completo la actividad cardíaca.
Reconstrucción del crimen de 1996
Andrew Richard Lukehart fue hallado culpable y condenado en 1997 por los delitos de asesinato en primer grado y abuso infantil agravado.
Los hechos que originaron la sentencia ocurrieron en febrero de 1996 en la localidad de Jacksonville, cuando la madre de la menor dejó a la niña bajo la custodia temporal de Lukehart mientras acudía a atender a otra de sus hijas que se encontraba enferma.
Según los archivos del tribunal citados por la agencia Associated Press, Lukehart confesó posteriormente que la menor se le había caído de los brazos de forma accidental y que, al entrar en pánico tras constatar el deceso, trasladó el cuerpo y lo arrojó a un estanque cercano.
Para desviar la atención de los investigadores, el individuo llamó a su pareja afirmando que la niña había sido secuestrada por desconocidos.
Horas más tarde, la policía interceptó a Lukehart tras sufrir un accidente automovilístico en un condado vecino; durante el interrogatorio subsiguiente, el sujeto admitió los hechos y reveló la ubicación exacta donde había ocultado el cadáver de la víctima.
Florida a la cabeza de la estadística nacional de ejecuciones
Esta ejecución consolida la tendencia regulatoria del estado de Florida, que durante el año 2025 reportó un récord histórico de 19 ejecuciones, la cifra más elevada registrada en la entidad desde que las cortes federales restablecieron la legalidad de la pena capital en 1976.
Bajo la gestión del gobernador Ron DeSantis, el estado se ha colocado a la cabeza de la estadística de pena de muerte en la Unión Americana, superando los índices de estados con tradición en la materia como Texas, Alabama y Carolina del Sur.
La política del gobierno estatal se enfoca en acelerar la salida de expedientes rezagados en el corredor de la muerte, un enfoque que contrasta con la disminución de la pena capital en la mayor parte de las entidades del país y que mantiene un debate constante entre las organizaciones de derechos humanos y los sectores que exigen el cumplimiento estricto de las condenas para las familias de las víctimas.
El Departamento de Correcciones de Florida confirmó que la agenda judicial contempla una nueva ejecución programada para finales de este mes; se trata del caso de Dusty Ray Spencer, de 74 años, sentenciado por el homicidio de su esposa ocurrido en el año 1992.
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