Un juez federal emitió una orden de emergencia para frenar de forma temporal las nuevas normativas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). La decisión judicial protege las autorizaciones de empleo vigentes de miles de solicitantes de asilo político y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
El fallo responde a una demanda colectiva que interpusieron organizaciones de derechos civiles para impedir la cancelación masiva de documentos laborales. Las agrupaciones de defensores de inmigrantes argumentaron ante el tribunal que la directiva oficial vulneraba los derechos constitucionales al debido proceso de los trabajadores.
La resolución judicial mantendrá la vigencia de las reglas anteriores para que los afectados conserven sus empleos legales. Las políticas que pretendía aplicar el organismo migratorio facilitaban la revocación acelerada de los permisos de trabajo sin otorgar los lapsos de apelación habituales.
"El tribunal consideró indispensable suspender la aplicación de los cambios para proteger a los solicitantes durante el litigio", precisaron los abogados demandantes en su comunicado. Diversos sectores sindicales estiman que la medida de protección beneficiará directamente a miles de familias que dependen de estos ingresos.
Por su parte, los representantes legales del gobierno argumentan que la actualización de las normas busca agilizar los controles de seguridad y la revisión de expedientes. Sin embargo, el juez determinó que la ejecución intempestiva de los despidos generaría un daño irreparable a la estabilidad de la comunidad inmigrante.
¿Qué pasos legales seguirán en el tribunal?
El proceso judicial continuará su curso en las próximas semanas para determinar si las modificaciones propuestas por la agencia respetan las leyes de inmigración del país. Las partes involucradas deben presentar sus argumentos escritos y las pruebas documentales ante la corte federal en los lapsos fijados por el magistrado.
Entretanto, las personas protegidas bajo el asilo y el programa TPS no deberán realizar trámites adicionales ni pagar nuevas tarifas para mantener sus documentos laborales activos. Los activistas comunitarios aconsejan a los trabajadores mostrar copia del fallo judicial a sus empleadores en caso de dudas sobre la fecha de vencimiento del permiso.
La resolución de la corte suspende los intentos del poder ejecutivo por recortar los beneficios de empleo a los extranjeros con trámites pendientes. Las autoridades del USCIS deberán acatar el mandato judicial e informar a sus oficinas regionales sobre la continuidad del sistema habitual.
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