El gobierno de Trump busca revocar la ciudadanía de 40 personas naturalizadas tras interponer demandas civiles ante los tribunales federales de Estados Unidos. El Departamento de Justicia (DOJ) argumenta que los señalados ocultaron antecedentes penales graves o suministraron información falsa durante sus trámites de elegibilidad migratoria.
Según Infobae, las acciones judiciales abarcan a ciudadanos originarios de países como México, China, Irán, Pakistán, Filipinas y Cuba. Entre los expedientes radicados ante los jueces destacan cargos vinculados con espionaje, homicidio voluntario, delitos sexuales agravados y fraudes financieros.
Las fiscalías radicaron los expedientes en 19 distritos judiciales del país para solicitar la anulación de los certificados de naturalización concedidos. Las autoridades enfatizaron que las acusaciones constituyen apenas la primera etapa operativa dentro de una estrategia amplia de revisión de expedientes.
¿Cuáles son los argumentos legales del gobierno de Trump para revocar la ciudadanía de 40 personas?
El subsecretario de Justicia para la División Civil, Brett Shumate, afirmó que la administración impulsa el mayor esfuerzo de desnaturalización en la historia del departamento. El funcionario sostuvo que la medida busca restaurar la integridad del sistema de naturalización y sancionar a quienes defraudaron a las agencias oficiales.
La representación legal del Estado deberá demostrar ante los jueces que los demandados cometieron irregularidades deliberadas antes o durante sus juramentaciones. Entre los casos interpuestos resaltan procesos contra dos nacidos en México y dos ciudadanos procedentes de Cuba.
Los litigantes gubernamentales precisaron que las conductas omitidas en las planillas oficiales habrían cambiado el dictamen final de aprobación del estatus. Por ello, los fiscales exigen la invalidación inmediata de los derechos civiles otorgados a los implicados.
¿Qué pasará con quienes enfrentan la medida de revocar la ciudadanía?
Los 40 ciudadanos mantienen plenamente sus derechos civiles mientras los tribunales evalúan la validez de los expedientes presentados. La ley estadounidense prohíbe el retiro automático de la nacionalidad sin una sentencia firme emitida por un juez civil.
En caso de recibir fallos desfavorables, los afectados perderán la protección constitucional y quedarán expuestos a procesos de deportación gestionados por ICE. Abogados de inmigración instaron a los señalados a preparar sus mecanismos de defensa para responder formalmente ante las cortes.
Las estadísticas oficiales reflejan que Estados Unidos ejecutó cerca de 120 desnaturalizaciones entre los años 2017 y 2025. La cifra actual de 40 demandas simultáneas evidencia una aceleración sustancial en las políticas de fiscalización migratoria de la Casa Blanca.
Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube