La nueva regla de carga pública de USCIS comenzó a aplicarse este 18 de septiembre de 2026 y cambia la manera en que la agencia evalúa determinados casos de inmigrantes que buscan obtener la residencia permanente mediante un familiar o un empleador.
El cambio no alcanza a todas las personas que solicitan beneficios migratorios. De acuerdo con el Immigrant Legal Resource Center (ILRC), la evaluación de carga pública no se aplica a quienes buscan la Green Card mediante asilo, estatus de refugiado, visa U, visa T, VAWA o Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJS). Tampoco afecta solicitudes de naturalización, DACA, TPS o permisos de trabajo.
¿A quiénes sí puede afectar la carga pública?
Para quienes solicitan el ajuste de estatus mediante una petición familiar o de empleo, USCIS puede analizar si existe una probabilidad de que la persona dependa de determinados beneficios públicos en el futuro.
La nueva guía amplía los programas que pueden entrar en el análisis. Entre ellos aparecen beneficios sujetos a los ingresos del hogar, como asistencia en efectivo, vivienda pública o subsidiada, ayuda alimentaria, determinados programas de salud financiados por el Gobierno y asistencia para estudios postsecundarios.
Además, el análisis puede incluir determinados beneficios utilizados por familiares cuando el solicitante tiene la responsabilidad de mantenerlos y el ingreso del solicitante influyó en la elegibilidad para el beneficio.
USCIS revisará cinco aspectos de cada caso
La nueva orientación otorga mayor margen de decisión a los funcionarios. Entre los elementos que pueden considerar figuran la edad, el estado de salud, el tamaño del hogar, los recursos y situación financiera, y la educación y habilidades laborales.
Otro cambio relevante afecta al patrocinador financiero. El hecho de contar con un patrocinador ya no funciona por sí solo como garantía para superar el análisis. USCIS también puede considerar la relación con el patrocinador y su nivel de ingresos.
Hay inmigrantes que mantienen protecciones específicas
Las personas bajo categorías humanitarias como asilo, refugio, U, T, VAWA y SIJS mantienen una excepción frente al análisis de carga pública para sus respectivas vías de residencia. Los beneficiarios de TPS tampoco enfrentan esta causal simplemente por solicitar o mantener ese estatus.
En el caso de otros grupos protegidos por leyes migratorias específicas, la aplicación depende de la categoría y del beneficio migratorio solicitado, por lo que no corresponde asumir una exención únicamente por la nacionalidad.
Para quienes sí están sujetos al análisis, el cambio tampoco significa que utilizar un beneficio público produzca automáticamente un rechazo. USCIS evalúa la totalidad de las circunstancias y determina individualmente si la persona podría convertirse en una carga pública.
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