El Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE) deporta a la ciudadana venezolana Marilú Paredes, de 66 años, desde el estado de Luisiana hasta la ciudad de Bangui, en la República Centroafricana. La detención de la abuela ocurre de forma sorpresiva mientras la mujer cumple con una cita migratoria obligatoria.
La información la difunde la familia de la afectada a través de denuncias públicas y redes sociales. Los allegados afirman que la víctima contaba con una medida de protección vigente que impedía legalmente su expulsión del territorio estadounidense.
Los oficiales a cargo trasladaron a Paredes junto a nueve mujeres de nacionalidad cubana y peruana bajo falsas promesas de reubicación en Miami. Las autoridades mantuvieron al grupo con las manos encadenadas durante el vuelo transcontinental hacia la zona de conflicto.
¿Cómo afectó la deportación de ICE a la abuela venezolana en África?
Las autoridades federales confiscan los pasaportes y teléfonos celulares de las migrantes antes de abandonarlas a su suerte en el país africano. Las afectadas carecen de redes de apoyo familiar o asistencia consular básica en una región calificada de alto riesgo.
Su hija, Maylú López, declara en canales digitales: "Necesitamos ayuda urgente para financiar las gestiones legales en un país desconocido". La familia emprende campañas de recolección de fondos para sufragar los trámites de rescate e indemnización.
Los activistas de derechos humanos exigen la intervención de organismos internacionales para garantizar la integridad física del grupo de mujeres. Las organizaciones civiles denuncian el desacato de los funcionarios estadounidenses ante las órdenes judiciales de permanencia.
¿Qué exigencias plantean ante la
expulsión de migrantes por parte de ICE?
Las familias de las víctimas solicitan rutas legales inmediatas para lograr la repatriación de las mujeres a sus países de origen o a suelo estadounidense. Los abogados defensores preparan recursos de amparo ante las cortes federales para señalar las violaciones al debido proceso.
La comunidad internacional observa con preocupación el uso de países terceros en conflicto como destino final para la deportación de ciudadanos latinoamericanos. Los representantes legales insisten en la devolución de los documentos de identidad retenidos ilegalmente.
El caso de Marilú Paredes genera alarma entre las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos que acuden a sus chequeos periódicos. Las organizaciones de apoyo legal recomiendan asistir a las citas acompañados por profesionales de la materia.
Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube
