Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a Venezuela a Ana Delgado tras detenerla el pasado 29 de abril durante una cita de rutina, una medida que provocó la separación de sus dos hijos menores de edad, ambos ciudadanos estadounidenses.
El caso expone las severas condiciones de los centros de reclusión en Karnes (Texas) y Eloy (Arizona), donde Delgado denunció haber sufrido mastitis, fiebre y escalofríos debido a que los custodios le impidieron extraerse leche materna.
Indignación por estatus activo
A pesar de contar previamente con el Estatus de Protección Temporal (TPS) y de mantener un trámite activo de residencia por matrimonio (formulario I-130) desde 2023, la orden de expulsión se ejecutó de forma expedita, dejando a los niños en Texas bajo el cuidado de su padre y su abuela.
Este drama familiar refleja un patrón sistemático en la política fronteriza actual de la administración estadounidense, la cual ha endurecido los operativos internos y las deportaciones directas hacia Sudamérica en este 2026 según detalla Univisión.
Datos
Un informe de la Brookings Institution revela la magnitud de esta crisis humanitaria: más de 145,000 niños con ciudadanía estadounidense han enfrentado la detención o expulsión de al menos uno de sus progenitores en el presente periodo de gobierno.
Mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) guarda silencio y evita responder a las solicitudes de información, defensores de los derechos humanos advierten que el endurecimiento de los controles migratorios en citas de control ordinarias representa un cambio importante y alarmante que desestabiliza a miles de hogares mixtos dentro del país.
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