El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorgó nuevos poderes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para investigar y sancionar penalmente a los abogados de inmigración bajo la sospecha de presentar solicitudes de asilo fraudulentas.
Esta nueva directiva está amparada en el Código de los Estados Unidos y vinculada a un memorando de la administración de Donald Trump según detalla La Opinión.
Implicaciones
La directiva faculta a los litigantes de la agencia para perseguir directamente a los defensores legales que presuntamente instruyan a sus clientes a mentir u ocultar su pasado ante los tribunales.
James Percival, Asesor Jurídico General del DHS, defendió la medida argumentando que representa un mecanismo necesario para frenar lo que califica como un abuso sistemático del sistema migratorio, restando exclusividad a los jueces en la detección y castigo de estas conductas.
Otros eventos
En paralelo a la persecución legal contra los bufetes, el gobierno enfrenta importantes reveses judiciales y controversias por la imposición de tarifas en trámites de protección que antes eran gratuitos.
Aunque la ley provisional derivó en un cobro de $102 para renovaciones de procesos en 2026, la medida permanece suspendida tras un fallo del Tribunal de Distrito de Maryland a favor de agrupaciones de activistas.
Obstáculos
Asimismo, la Corte de Apelaciones del Distrito de Washington DC calificó como ilegal la orden ejecutiva presidencial que pretendía bloquear de forma generalizada las solicitudes de asilo en la frontera.
También las solicitudes de realizar deportaciones expeditas, determinando que la Casa Blanca no puede eludir las leyes federales de protección diseñadas por el Congreso.
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