El cementerio Piedmont Memorial Park, situado en McConnell Road en la ciudad de Greensboro, enfrenta una investigación penal por parte de las agencias de seguridad y control de Carolina del Norte.
Según Univisión, la Comisión de Cementerios de Carolina del Norte y la Oficina del Fiscal determinan que la administración del camposanto incumple de forma directa el Artículo 9 de la Ley de Cementerios del estado. Los propietarios de la empresa National Vault Services omitieron las respuestas a los requerimientos oficiales sobre su licencia comercial vigente.
Las autoridades del condado alertan a los ciudadanos sobre la falta de registros legales que respalden la operatividad actual del camposanto. Los fiscales solicitan la colaboración de los afectados para esclarecer el manejo de los fondos y contratos funerarios suscritos en el lugar.
¿Qué medidas deben tomar los ciudadanos afectados en Greensboro?
La Oficina del Sheriff del Condado de Guilford exhorta a cualquier persona que haya realizado transacciones comerciales en el recinto desde enero de 2019 a reportarse con los investigadores. Los usuarios que compraron lotes de terreno o programaron servicios funerarios deben comunicarse a los números habilitados por el departamento policial.
Los afectados pueden contactar al detective J. Lolar marcando al 336-641-2683 o utilizar la línea directa de Guilford Crime Stoppers en el 336-373-1000. Las autoridades investigan la legalidad de los acuerdos comerciales firmados con terceros y funerarias asociadas a la empresa infractora.
El organismo regulador aclara que los familiares conservan el derecho de visitar las tumbas de sus seres queridos en el predio. Sin embargo, las agencias gubernamentales evalúan un posible cierre temporal de las instalaciones si surgen nuevos riesgos legales durante el proceso judicial.
¿Cómo afecta la falta de licencias a los futuros servicios en este cementerio?
Los ciudadanos que tengan programados entierros o ceremonias religiosas dentro del camposanto deben comunicarse directamente con la Comisión de Cementerios estatal. Los funcionarios públicos orientarán a las familias sobre los protocolos alternativos para garantizar los sepelios sin contratiempos legales.
La investigación busca determinar el alcance de las irregularidades administrativas cometidas por los operadores comerciales en la zona residencial. Las oficinas fiscales analizan los libros contables y los expedientes de propiedad para deslindar responsabilidades penales.
La comunidad local expresa su preocupación ante la incertidumbre jurídica que rodea el mantenimiento y la seguridad del recinto fúnebre. Las autoridades mantendrán abiertos los canales informativos para actualizar a los afectados sobre el avance de las pesquisas judiciales.
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